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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO Magistrado ponente
STC7824-2015
Radicación n.° 20001-22-13-000-2015-00085-01
(Aprobado en sesión de diecisiete de junio de dos mil quince)
Bogotá, D. C. diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015).-
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 6 de mayo de 2015, proferido por la Sala Civil Familia de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acción de amparo promovida por Sandro José Bermúdez Guerra contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, trámite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil Municipal de dicha urbe.
ANTECEDENTES
1. El accionante reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la «salud emocional», al habeas data, a la buena fe, a la confianza legítima y a la intimidad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al no haber ordenado al BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. el pago de la póliza del seguro de vida vital que él había adquirido.
Solicita entonces, se ordene a la citada aseguradora, que «en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de [la] sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar (…), como tomador y beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida por [él] con dicho Banco, SEGURO DE VIDA DE GRUPO, VITAL No. 052421435249 POR ESTAR CALIFICADO Y EN CONDICIÓN JURÍDICA DE INVÁLIDO (…), con porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50% EN FIRME» (fl. 11, cdno. 1).
2. En apoyo de tal pretensión, aduce en síntesis, que luego de haber superado los respectivos exámenes médicos, ingresó a laborar el 1º de marzo de 2006 con contrato a término indefinido en la empresa Drummond Ltda., desempeñando labores como «OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA» en las minas de «LA LOMA CÉSAR».
Indica que como «consumidor financiero», obtuvo «CRÉDITO HIPOTECARIO, CRÉDITO DE CONSUMO Y CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN», los cuales fueron respaldados en caso de incapacidad total y/o permanente con el «SEGURO DE VIDA GRUPO VITAL, 052421435249, BANCO BBVA COLOMBIA S.A.».
Refiere que la Junta Regional de Calificación e Invalidez del Cesar, mediante dictamen No. 3768 del 23 de octubre de 2013, le determinó una disminución de capacidad laboral total del «51.74%», tras haberle diagnosticado «ENFERMEDAD POLIARTICULAR DEGENERATIVA, SINTOMÁTICO, (CERVICALGIA+LUMBAGO+CAMBIOS INFLAMATORIOS EN LOS HOMBROS Y COXOFEMORAL IZQUIERDA+SACROILEITIS DE RODILLA IZQUIERDA), SÍNDROME DEPRESIVO MAYOR+TRASTORNO DE SUEÑO, HIPERTENSIÓN ARTERIAL MODERADA», como consecuencia «obligada y directa» del trabajo que desempeñaba como «OPERADOR DE CAMIÓN MINERO», en la empresa Drummond Ltda.
Sostiene que adicionalmente a lo diagnosticado, comenzó a sufrir de «Trastorno Depresivo, Mayor Episodio Depresivo Moderado», razón por la cual fue retirado de la empresa en que laboraba y se le otorgó una pensión de invalidez, por lo que solicitó el pago del «seguro vital» ante el BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., quien le resolvió de manera negativa, tras considerar que «[debía] tener un 65% de incapacidad para acceder al seguro».
Señala que por lo anterior interpuso una acción de tutela, la cual correspondió conocer en primera instancia al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar bajo el número de radicación 2015-000129, quien a través de sentencia del 24 de febrero de 2015 le negó el amparo, razón por la cual impugnó dicha decisión; no obstante, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, confirmó íntegramente lo resuelto.
Finalmente complementa, que en casos similares al suyo se han pronunciado positivamente los jueces constitucionales (fls. 1 a 13, 25 y 26, cdno. 1).
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, luego de hacer un recuento de las actuaciones desplegadas en el proceso de tutela con radicado 2015-00129, se opuso al éxito del presente resguardo, tras advertir que no se puede a través de una acción de igual naturaleza, cuestionar fallos de tutela (fls. 44 a 46, cdno. 1).
El Juzgado Cuarto Civil Municipal de la misma ciudad, se limitó a remitir copia de la sentencia de tutela proferida el 24 de febrero de los corrientes (fl. 50, cdno. 1).
Por su parte, el representante legal judicial de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., tras indicar las gestiones adelantadas en la anterior acción constitucional, solicitó rechazar por improcedente el resguardo aquí suplicado, por considerar que se está «en presencia de COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL», al observar «identidad de objeto, identidad de causa petendi e identidad de partes», entre las dos acciones (fls. 56 a 60, cdno. 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Juez constitucional de primera instancia desestimó la protección invocada, tras advertir que
«entre la acción de tutela radicada 200014003004-2015-00129-00, y la que actualmente nos compete, existe identidad en los fundamentos fácticos y las pretensiones, más no así frente a los sujetos, por cuanto, en esta oportunidad, figura como accionado el Despacho judicial antes referido, sin que de otro lado, hayan pruebas que permitan desvirtuar la buena fe del actor, de ahí que, en concordancia con la jurisprudencia trasuntada, no se cumplan los presupuestos requeridos para tener configurada una temeridad.
No obstante, resulta claro, que frente a los mismos hechos y a lo solicitado, ya hay una decisión adoptada por agotamiento de una misma vía judicial, por cuanto, aun cuando el señor SANDRO JOSÉ BERMÚDEZ GUERRA, durante la declaración rendida ante esta Sala, manifestó encontrarse inconforme con lo resuelto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, no lo es menos, que lo pedido en el presente caso, es el pago de la indemnización estipulada en la póliza de seguro No. 052421435249 de BBVA SEGUROS DE VIDA S.A.; entonces, al respecto, existe cosa juzgada en materia constitucional, lo que resulta per se, suficiente para declarar la improcedencia de esta acción, a lo que así se procederá, máxime, que como acaba de verse, se está accionando contra una sentencia de tutela, y esta es una de las exigencias o requisitos de procedibilidad generales tenidos en cuenta por la jurisprudencia para declarar la inviabilidad del amparo.
Finalmente, no está demás señalar que el accionante, cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa, los que a la fecha no ha agotado, pues ante la negativa de la empresa accionada, concurrió de manera inmediata a la jurisdicción constitucional, sin reparar en el carácter subsidiario de este especial mecanismo de protección; mayormente, cuando según su propio dicho, a la fecha cuenta con una pensión de invalidez y la aseguradora cubrió el saldo del crédito hipotecario adeudado» (fls. 71 a 78, cdno. 1).
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó el anterior fallo, indicando similares argumentos a los expuesto en el escrito de tutela, a más de solicitar la nulidad del presente trámite, por cuanto «no [se] vincul[ó a] la Aseguradora BBVA» (fls. 91 a 93, cdno. 1).
CONSIDERACIONES
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporación, que, en línea de principio, la acción instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
El planteamiento anterior se aplica en una medida aún mayor, cuando la determinación atacada fue proferida por un juez constitucional como epílogo del trámite de amparo; de lo contrario, se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertiría ad aeternum lo expresado en el primer fallo (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, Rad. 2011-00659-01, CSJ STC, 9 sep. 2013, Rad. 2013-01258-01 y STC11794-2014).
Así las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervención de un segundo juez de amparo cuando en el trámite de la acción se ha incurrido en una vulneración clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con interés en el resultado del respetivo trámite (ver, entre otras, CSJ STC, 25 jun. 2012, Rad. 2012-00069-01, reiterada en CSJ STC3715-2014, CSJ STC1196-2014 y CSJ STC3706-2014); o cuando la decisión afecta de manera grave una garantía fundamental en sujetos considerados de especial protección (CSJ STP, 3 jul. 2012, Rad. 60963).
2. De entrada es necesario precisar, en cuanto a la nulidad alegada en el escrito de impugnación, que contrario a lo manifestado por el actor, la entidad BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. sí fue vinculada al presente trámite mediante Oficio No. 1342 del 24 de abril de 2015 (fl. 38, cdno. 1), quien a través de su representante legal, se opuso al resguardo suplicado, razón por la cual no hay lugar a dejar sin efecto lo actuado dentro del presente trámite (fls. 56 a 60, cdno. 1).
3. Clarificado lo anterior, tras realizar el correspondiente escrutinio en relación con la demanda de resguardo constitucional instaurada por el señor Sandro José Bermúdez Guerra, la Corte evidencia que lo solicitado debe desestimarse, habida cuenta que la queja está puntualmente dirigida contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2015 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Valledupar, mediante la cual se negó por improcedente el resguardo implorado dentro de la acción de tutela que en pretérita ocasión el mismo demandante impulsó respecto de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., con la misma pretensión aquí traída, esto es, obtener el pago de la indemnización estipulada en la póliza de seguros No. 052421435249 (fls. 51 a 54, cdno. 1); así como contra la providencia calendada 14 de abril de la misma anualidad, a través de la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad confirmó íntegramente lo resuelto, al resolver la impugnación presentada (fls. 47 y 48, ídem), tal y como la parte aquí interesada lo aclaró en la audiencia de ampliación de los hechos y pretensiones de la presente tutela (fls. 25 y 26, ídem), cuestión que comporta señalar que un debate de ese linaje desemboca en la casual de improcedencia de que trata el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, a más de que no se evidencia la ocurrencia de alguna de las hipótesis en las que la Corte ha admitido de manera excepcionalísima la intervención de un segundo juez de tutela.
4. Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el señalado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador diseñó la impugnación y la revisión eventual, únicos recursos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, lo que permite corroborar el fracaso de la nueva protección presentada.
En este sentido, la Sala ha señalado que proceder de esta manera
«evita la cadena ilimitada de litigios que se generarían en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituyó a la Corte Constitucional como el órgano que pone fin al debate en punto de protección de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo» (CJS STC 22 ago. 2008, Rad. 01317-00, reiterada el 4 sept. 2012, Rad. 01835-00 y en STC6151-2014).
5. Corolario de lo expuesto, y sin más razones por innecesarias, se impone la confirmación del fallo de primera instancia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
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