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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC1656-2018
Radicación: 68001-31-10-006-2012-00274-01
Aprobado en Sala de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el recurso de casación que interpuso Luis María Gualdrón Pinto, heredero determinado en la sucesión de Edwin Gualdrón López, respecto de la sentencia de 6 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por Sandra Milena Ladino Vega contra el recurrente y demás sucesores indeterminados.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum. La demandante solicitó se declarara que ella y el fallecido Edwin Gualdrón López, conformaron una unión marital de hecho, y como consecuencia, disuelta la respectiva sociedad patrimonial.
1.2. La causa petendi. La pretensora y el causante convivieron bajo el mismo techo en forma continua e ininterrumpida, desde enero de 2005 hasta el 29 de diciembre de 2011, cuando murió el compañero permanente; hecho que era notorio para propios y extraños, al punto que éste le dejó a aquélla un seguro de vida.
1.3. El escrito de réplica. El demandado, padre del causante, se opuso a las pretensiones, argumentando que la actora sí mantuvo una relación marital desde comienzos de 2008, hasta febrero de 2012, pero con John Jairo Gualdrón López, otro de sus descendientes, quien precisamente la afilió al Sistema General de Salud, EPS Salud Total, igual que a los hijos de ella.
1.4. La sentencia de primera instancia. El 14 de junio de 2013, el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, negó las súplicas, aduciendo que de acuerdo con las declaraciones de Jhon Jairo, Brayan y Roberto Carlos Gualdrón López, hermanos del difunto, y el interrogatorio de Luis María Gualdrón Pinto, progenitor de todos ellos, la convocante, durante la época, convivió en unión libre con el primero de los nombrados.
Lo anterior, dijo, se encontraba corroborado con el formato de declaración juramentado para compañeros permanentes, emanado de la EPS Salud Total, donde, ciertamente, John Jairo Guadrón López, el cotizante, manifestó que convivía con Sandra Milena Ladino Vega, desde el 10 de octubre de 2007.
1.5. El fallo de segundo grado. Revoca la anterior decisión y accede a las pretensiones.
2. LA SENTENCIA IMPUGNADA
2.1. Según el Tribunal, en el proceso se había demostrado que Sandra Milena Ladino Vega y Edwin Gualdrón López, convivieron bajo el mismo techo como pareja, en forma singular y permanente, desde 2005 hasta el 29 de diciembre de 2011, fecha de la muerte de este último, la mayor parte en la casa de los padres de aquella, dedicándose él a manejar un bus y ella a oficios varios.
Así lo señalaron de modo coincidente, con indicación de la razón de la ciencia del dicho, Libardo Macías León, Ruperto Torres Gualdrón, Blanca Herminda Rojas de Cabanzo y Sonia Milena Cabanzo Rojas, al ser llamados oficiosamente a rendir declaración en segunda instancia.
Se sumaba a lo anterior, la copia del seguro de vida tomado por Edwin Gualdrón López, donde instituyó como beneficiaria, en un 50%, a Sandra Milena Ladino Vega, “en calidad de cónyuge”. Esto denotaba la convivencia marital, sin que fuera de recibo argüir, para restarle eficacia probatoria al documento, que alguien podía favorecer a otro sin necesidad de ser pareja, “(…) pues eso no es normal y va en contra de las reglas de la experiencia que enseñan que las personas inscriben como beneficiarios del seguro de vida a sus cónyuges, hijos o familiares (…)”.
Igualmente, las fotografías adosadas al escrito genitor representativas de expresiones de cariño y sentimiento entre Edwin Gualdrón López y Sandra Milena Ladino Vega. En efecto, “(…) en varias de ellas aparece él en pantaloneta y ella en short sentada sobre sus piernas y él abrazándola (…)”, inclusive sin camisa, y en otras, de pies, en la misma actitud, “(….) pegándola a su cuerpo (….)”.
2.2. De ahí, acotó el juzgador, lo vertido por el Luis María Gualdrón Pinto, el convocado, y sus hijos, Jhon Jairo, Brayan y Roberto Carlos Gualdrón López, se tornaba mendaz. Además, según lo explicó, sus dichos eran imprecisos, incoherentes, contradictorios y discordantes.
La afiliación de Sandra Milena Ladino Vega, a la EPS Salud Total, por Jhon Jairo Gualdrón López, simplemente fue aprovechada con el fin de hacer creer que ambos convivían en unión libre. No obstante, era atendible la justificación esgrimida para el efecto por la demandante, según la cual Edwin Gualdrón López le pidió a su hermano que la afiliara, puesto que no podía hacerlo al tener de beneficiaria a su señora madre, quien padecía de cáncer.
Por su parte, Sandra Milena Ladino Vega, en el interrogatorio, presentó una certificación médica sobre un lunar de 0.6 centímetros en sus partes íntimas. El hecho, no podía pasar desapercibido durante el trato sexual, menos para quien fuera su compañero permanente por 4 o 5 años. Sin embargo, Jhon Jairo Gualdrón López, negó que tuviera algo llamativo.
2.3. En suma, para el ad-quem, los “(…) testimonios arrimados por la pasiva no desvirtúan la conclusión que ofrecen las declaraciones recibidas en segunda instancia y los documentos anteriormente analizados, como las fotografías y la copia del seguro de vida (…)”.
3. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Los tres cargos formulados por el demandado recurrente, respecto de los cuales la actora en el litigio guardó absoluto silencio, la Corte los estudiará conjuntamente, por las razones que en su momento se dirán.
Con ese propósito, se seguirán las directrices señaladas en el Código de Procedimiento Civil, por ser el plexo normativo aplicable, dado que el proceso, la sentencia impugnada, el recurso de casación y la demanda sustentándolo, se originaron antes del 1º de enero de 2016, cuando entró a regir el Código General del Proceso.
3.1. CARGO PRIMERO
3.1.1. Acusa la violación de los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, modificados por la Ley 979 de 2005, como consecuencia de la transgresión medio de los artículos 6, 174, 177 y 180 del Código de Procedimiento Civil.
3.1.2. Lo anterior, en sentir de la censura, porque al Tribunal le estaba vedado evacuar de oficio los testimonios de Libardo Macías León, Ruperto Torres Gualdrón, Blanca Herminda Rojas de Cabanzo y Sonia Milena Cabanzo Rojas, puesto que los mismos se habían dejado de recibir en primera instancia por negligencia, desidia y desatención de la propia interesada, Sandra Milena Ladino Vega.
En efecto, la diligencia se programó con antelación y no se solicitaron boletas para citar a los declarantes; el día y hora señalado, los testigos no se hicieron presentes, ni justificaron su inasistencia; la petición de nueva fecha fue negada por el juzgado y contra esa decisión la parte demandante guardó absoluto silencio.
3.1.3. Así las cosas, para el impugnante, el juzgado de segundo grado asumió la carga demostrativa de la actora, cuando la facultad oficiosa en esa precisa materia no podía ser direccionada en ese sentido, llevándolo, por lo tanto, a favorecer a dicha parte y a vulnerar el equilibrio procesal, al punto que ni siquiera se confirió el traslado respectivo para controvertir las versiones de los testigos.
3.1.4. Solicita el recurrente, en consecuencia, casar la sentencia del Tribunal y en sede de instancia confirmar la emitida por el juzgado.
3.2. CARGO SEGUNDO
3.2.1. Acusa la violación directa de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, por tanto, de los derechos fundamentales a la igualdad y a un debido proceso.
Del mismo modo, porque recibidas las declaraciones de terceros, el ad-quem, al menos, debió nivelar el trato procesal, dando traslado al extremo pasivo de la prueba testifical acopiada de oficio, con miras a garantizar el derecho a la defensa y contradicción, cosa que no hizo.
3.2.3. El segundo, en sentir de la censura, al coartar el Tribunal la oportunidad de controvertir los testimonios recibidos de oficio, mediante el traslado de rigor, al margen de que se haya intervenido en su práctica.
Igualmente, al valorar como auténtica la fotocopia simple de la póliza de seguro de vida.
Así mismo, al tener por acreditada una característica particular de la actora con el certificado médico aportado en su interrogatorio, pero sin relación con los hechos contestados y omitiéndose el traslado para controvertirlo.
3.2.4. Impetra el censor, por lo tanto, invalidar la sentencia proferida por el juzgador acusado y confirmar en sede de instancia la emitida en primer grado.
3.3. CARGO TERCERO
3.3.1. Denuncia la violación de los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, modificados por la Ley 979 de 2005; 6, 180, 183, 177, 187, 208, 252 y 360 del Código de Procedimiento Civil, a raíz de errores probatorios de hecho y de derecho. En efecto, para el recurrente, el Tribunal:
3.3.1.1. Pasó de largo sobre las contradicciones de la demandante, Sandra Milena Ladino Vega.
En la demanda introductoria sostuvo la convivencia durante seis años, desde enero de 2005 hasta el 29 de diciembre de 2011, fecha del deceso de Edwin Gualdrón López; y en el interrogatorio, absuelto el 14 de febrero de 2003, dijo que conoció al causante “hace tres años”.
Según ella, convivieron tres meses en la casa de los padres de Edwin Gualdrón López, pero el progenitor de éste, Luis María Gualdrón Pinto, contestó que “nunca”.
La interrogada manifestó que compartieron techo con Mercedes Vega y Olinto Ladino, sus progenitores, Yudy Catherine Ladino, la hermana, y el esposo de ésta, Jorge Luis Archila. Sin embargo, no citó ninguno a declarar.
En el hecho sexto del escrito genitor, aseguró que compartía reuniones de trabajo con Edwin Gualdrón López. Empero, en el proceso señaló que en las “reuniones era solamente entre conductores y no podían ir mujeres, ni hijos, ante las amistades íbamos juntos y yo era la señora de él”
3.31.2. No tuvo en cuenta las incoherencias entre Sandra Milena Ladino Vega y Libardo Macías León, dueño de la buseta que conducía Edwin Gualdrón López, empezando porque la interrogada respondió que no sabía el apellido del declarante, pero sí al redactar la demanda.
El deponente dijo distinguirlos desde finales de 2007, en tanto, aquélla tuvo que conocer a su compañero después, “hace tres años”, en el 2010, teniendo en cuenta que el interrogatorio lo absolvió el 14 de febrero de 2013.
El testigo iba al peatonal de la casa tres veces a la semana a recoger el producto de la buseta, en cambio, la interrogada aseguró que cada dos días. Además, dada la confianza, lo sensato era que ingresara al inmueble.
Si para el declarante “parece” que Edwin Gualdrón López, vivía en la casa de los papás de Sandra Milena Ladino Vega, era claro que aludía a algo que no percibía.
La actora fue enfática al decir que Edwin Gualdrón López, salía a trabajar a las cinco de la mañana y regresaba a las nueve o diez de la noche. El dueño del rodante, sin embargo, no sabía de horarios de salida ni de entrada.
3.3.1.3. Omitió las incongruencias con respecto a lo expuesto por Ruperto Torres Gualdrón.
El declarante no podía saber de la convivencia de la pareja hace ocho años, porque según el interrogatorio de la demandante, evacuado el 14 de febrero de 2013, ésta conoció a su compañero “hace tres años”.
El deponente sostuvo que realizaban paseos y reuniones, pero Sandra Milena Ladino Vega, dijo que nunca asistieron a esas actividades con Edwin Gualdrón López; además, los puso a vivir en la calle 43 con 8ª, cuando la dirección suministrada por ella era la 43 con 7ª.
La actora afirmó que siempre ha trabajado, en oficios varios, salía a las seis y media de la mañana y llegaba a las dos. El testigo le quita todo eso y la puso a llevar el almuerzo a Edwin Gualdrón López, a la estación de buses.
Sobre el horario de Edwin Gualdrón López, la pretensora nunca habló de turnos. El deponente sí, unas veces en la mañana y otras en la tarde.
3.3.1.4. Pretirió las inconsistencias con relación a lo narrado por Blanca Herminda Rojas de Cabanzo, empezando porque la demandante contestó tener 33 años y la testigo indicó conocerla desde hace 40 años.
Sandra Milena Ladino Vega, siempre ha laborado y nunca indicó llevar el almuerzo a Edwin Gualdrón López, amén de no asistir a reuniones. La declarante, en cambio, le quitó el trabajo y le puso a hacer todo lo demás.
La deponente dijo vivir en la “8ª con 7ª”, como a tres cuadras de donde vivía la demandante con sus padres. La actora, empero, señaló que residía en la calle 43 con 7ª, a 40 cuadras, también con sus hijos, hermana y cuñado.
3.31.5. Ignoró las contradicciones de cara a lo declarado por Sandra Milena Cabanzo Rojas.
Según la deponente, Sandra Milena Ladino Vega y Edwin Gualdrón López, andaban juntos, en las rutas, pues ella no trabajaba todos los días, le sacaba almuerzo a él, asistían a reuniones y vivieron siempre ahí.
La demandante, en cambio, nunca le llevó almuerzo, no tenía tiempo para acompañarlo, no asistía con él a actividades sociales, pues no le gustaban, y residió al comienzo en otro lugar, en la casa de sus suegros.
3.3.1.6. Desconoció el engaño fraguado alrededor de lo ocurrido con la afiliación a la EPS Salud Total, pues al lado de la fotocopia del carnet de cotizante de Edwin Gualdrón López, se reprodujo el de Sandra Milena Ladino Vega, para hacerla pasar como su beneficiaria, cuando no lo era.
3.3.1.7. Supuso en las fotografías aportadas, la pregonada unión marital de hecho, sin corroborarlas con otros medios de convicción, máxime cuando en los documentos no se precisaban fechas, ni explicaban si fueron tomadas por la pareja como amigos o cuñados.
3.3.1.8. La certificación del seguro de vida se allegó en copia simple. Si fuera auténtica y reuniera las condiciones para servir como plena prueba, acreditaría un hecho del vínculo conyugal que expresa y no el de compañera permanente, menos cuando para la data en que ocurrió el óbito de Edwin Gualdrón López, la póliza había expirado.
3.3.1.9. El certificado médico sobre el “nevus” o lunar particular de la demandante, no fue decretado como prueba, ni se corrió traslado, tampoco en el interrogatorio donde fue aportado aparece alguna respuesta relacionada.
Con todo, el diámetro, 6 milímetros, es minúsculo, y por su ubicación perineal (entre la vagina y el ano), lo hacía muy invisible, mucho más si estaba cubierto de vello púbico, respecto de lo cual no había certeza.
3.3.1.10. Tergiversó otras pruebas. El interrogatorio de Luis María Gualdrón Pinto, quien aseguró que a su hijo Edwin Gualdrón López, le conoció una relación sentimental con Mery Santamaría, y que el trato que tuvo con Sandra Milena Ladino Vega, simplemente fue de cuñados.
El testimonio de John Jairo Gualdrón López, confirmando el dicho de su padre. Además, que formalizó una unión libre con Sandra Milena Ladino Vega, entre 2008 y febrero de 2013, como se corroboraba con la a la EPS Salud Total. En el mismo sentido, las declaraciones de Brayan y Roberto Carlos Gualdrón López.
La certificación de afiliación a la EPS Salud Total de Sandra Milena Ladino Vega y de sus hijos, y la documental que obraba alrededor, incluida la declaración juramentada suscrita por John Jairo Gualdrón López y Sandra Milena Ladino Vega, donde habían coincidencias acerca de direcciones y de unificación del grupo familiar.
3.3.2. En ese orden, para la censura, los errores de hecho probatorios cometidos por el Tribunal, consistieron en tener por demostrado, sin estarlo, la convivencia marital entre Edwin Gualdrón Pinto y Sandra Milena Ladino Vega; y en no reconocer, estando acreditado, la unión libre de esta última con John Jairo Gualdrón López.
Los de derecho, al suplir indebidamente el ad-quem la carga probatoria de Sandra Milena Ladino Vega, al apreciar el certificado médico sin cumplir el rito legal, al valorar testimonios que no fueron acopiados en primera instancia, al omitir el traslado para alegar luego de recibir de oficio la prueba testifical; y al dejar de valorar las pruebas en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica.
3.3.3. Así las cosas, la censura pide casar el fallo del Tribunal y confirmar en sede de apelación la del juzgado.
4. CONSIDERACIONES
4.4.1. El estudio aunado de los tres cargos se justifica, puesto que como se observa, desde distintos frentes, en todos se cuestiona la actividad oficiosa del Tribunal en materia probatoria y sus consecuencias. Además, porque a raíz de esa conexión, o interrelación, los errores iuris in iudicando se supeditan a lo que se decida respecto de los yerros facti in iudicando, de causa a efecto.
4.4.2. El recurso de casación al ser de carácter excepcional y extraordinario, en cuanto tiene lugar únicamente bajo precisas hipótesis normativas, se orienta a derruir la presunción de legalidad y acierto que abriga a la sentencia recurrida.
4.4.2.1. Por esto, en el campo fáctico o probatorio, el anotado medio de impugnación, no se dirige a establecer si las conclusiones contenidas en la providencia recurrida son o no acertadas, pues ello es competencia exclusiva de las instancias, a no ser que en esa estricta materia se haya incurrido en errores de hecho o de derecho.
4.4.2.1.1. La especie de los primeros tiene que ver con la materialidad u objetividad de cada prueba. Aquello se entronca con la presencia física de los medios de convicción en el proceso y ocurren cuando se inventan o se pasan por alto las que obran en el proceso; y lo último, se refiere a los eventos en que partiendo de la presencia real de los elementos de juicio en el dossier, sin embargo, se tergiversan por adición, cercenamiento o alteración.
En cualquiera de las referidas hipótesis, los errores de hecho se estructuran, de un lado, cuando son manifiestos, esto es, constatables a los sentidos, de donde se descartan los que son fruto del raciocinio; y de otro, trascendentes, vale decir, en la medida en que hayan determinado la decisión final, en una relación lógica de causa a efecto.
4.4.2.1.2 Los yerros de derecho, en cambio, se relacionan con la contemplación jurídica de las pruebas, esto es, con su licitud o legalidad, desde luego, una vez superada correctamente las etapas de apreciación material u objetiva, como requisito necesario.
De ahí, respecto de cada medio en particular, tales yerros se entroncan con la regularidad de su producción, en todo lo que atañe a su incorporación (petición, oportunidad o práctica) y a su contradicción, amén de su conducencia. Igualmente, con la apreciación de las pruebas en conjunto, conforme a los dictados de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, bastión y esencia de las reglas centrales de la sana crítica.
4.4.2.2. Los errores iuris in iudicando, por su parte, se asocian con la subsunción normativa de los hechos fijados pacíficamente en el proceso o que son fruto de las discusiones fácticas o probatorias planteadas.
Por esto, en el ámbito de la violación directa de la ley sustancial, en doctrina decantada, la Corte “(…) trabaja con los textos legales sustantivos únicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos están probados o no están probados, parte de la base de una u otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos”1.
En ese evento, todo queda confinado a elucidar polémicas de tipo sustantivo, respecto de la aplicación de los preceptos que crean, modifican o extinguen derechos subjetivos, en punto a su pertinencia (aplicación o inaplicación), o a su interpretación o alcance.
4.4.3. En el derecho patrio, a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, toda “comunidad de vida permanente y singular” entre dos personas no casadas o con impedimento para contraer nupcias, da lugar hoy a una unión marital de hecho y a originar un auténtico estado civil, según doctrina probable de la Corte (artículos 4º de la Ley 169 de 1886 y 7º del Código General del Proceso, y sentencia de la Corte Constitucional C-836 de 2001)2, como otra de las formas de constituir familia natural o extramatrimonial, al lado del concubinato3, que también la compone.
4.4.3.1. La normatividad vino a reconocer, satisfechas las premisas legales, con los alcances fijados por la jurisprudencia constitucional4, una realidad social que era digna de tutelar positivamente, resultando después coherente con el artículo 42 de la Constitución Política, promulgada en julio de 1991, a cuyo tenor la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos mediante la decisión autónoma de una pareja de unirse en matrimonio o la voluntad responsable de conformarla.
Lo anterior, incontrastablemente, fiel reflejo del derecho de toda persona al libre desarrollo de la personalidad, sin conocer más limites que los impuestos por los derechos de los demás y el mismo ordenamiento jurídico (artículo 16 de la Constitución Política).
Por esto, la unión marital de hecho, en palabras de esta Corporación, “(…) ya no es [un aspecto] meramente legal. De tal suerte que cualquier análisis en torno al punto impone necesariamente adelantarlo con vista en los nuevos valores y principios constitucionales que, por razones palmarias, en su sazón no pudo la ley conocer”5.
4.4.3.2. Así, entonces, la “voluntad responsable de conformarla” y la “comunidad de vida permanente y singular”, se erigen en los requisitos sustanciales de la unión marital de hecho.
4.4.3.2.1. La voluntad aparece, cuando la pareja integrante de la unión marital en forma clara y unánime actúan en dirección de conformar una familia. Por ejemplo, disponiendo de sus vidas para compartir asuntos fundamentales de su ser, coincidiendo en metas, presentes y futuras, y bridándose respeto, socorro y ayuda mutua.
Como tiene explicado esta Corte, “(…) presupone la conciencia de que forman un núcleo familiar, exteriorizado en la convivencia y la participación en todos los aspectos esenciales de su existencia, dispensándose afecto y socorro, guardándose mutuo respeto, propendiendo por el crecimiento personal, social y profesional del otro (…)”6.
4.4.3.2.2. La comunidad de vida, precisamente, se refiere a la conducta de la pareja en cuyo sustrato abreva, subyace y se afirma la intención de formar familia. El presupuesto, desde luego, no alude a la voluntad interna, en sí misma, sino a los hechos de donde emana, como tales, al margen de cualquier ritualidad o formalismo.
En coherencia con la jurisprudencia, en dicho requisito se encuentran elementos “(…) fácticos objetivos, como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis (…)”7.
Es la misma relación vivencial de los protagonistas, con independencia de las diferencias anejas, como es natural entenderlo, propias del desenvolvimiento de una relación de dicha naturaleza, ya sean personales, profesionales, laborales, económicas, en fin, y de los mecanismos surgidos para superarlas.
Lo sustancial, entonces, es la convivencia marital, donde, respetando la individualidad de cada miembro, se conforma una auténtica comunión física y mental, con sentimientos de fraternidad, solidaridad y estímulo para afrontar las diversas situaciones del diario existir. Es el mismo proyecto de vida similar al de los casados, con objetivos comunes, dirigido a la realización personal y en conjunto, y a la conformación de un hogar doméstico, abierto, si se quiere, a la fecundidad.
4.4.3.2.3. El requisito de permanencia denota la estabilidad, continuidad o perseverancia en la comunidad de vida, al margen de elementos accidentales involucrados en su devenir, como acaece con el trato sexual, la cohabitación o su notoriedad, los cuales pueden existir o dejar de existir, según las circunstancias surgidas de la misma relación fáctica o establecidas por los interesados.
4.4.3.2.4. La singularidad comporta una exclusiva o única unión marital de hecho, en respuesta al principio de monogamia aplicable a la familia natural, como una de las células básicas de la sociedad, igual y al lado de la jurídica.
4.4.4. Sentado lo expuesto, necesario para medir el alcance de la acusación, pasa la Corte a estudiar si el juzgador incurrió en los errores probatorios enrostrados, ante todo los de hecho y luego los de derecho.
Con esa finalidad, al declararse la unión marital entre Sandra Milena Ladino Vega y Edwin Gualdrón López, desde el 31 de diciembre de 2005, hasta el 29 de diciembre de 2011, debe entenderse que el Tribunal al pronunciar la sentencia combatida, no se equivocó al fijar las conclusiones fácticas o probatorias, ni al subsumir los sucesos establecidos en los preceptos que gobiernan y señalan los requisitos de la institución, justamente, dada la presunción de legalidad y acierto que la cobija.
4.4.4.1. En lo relativo a los errores de materialidad u objetividad de las pruebas, en un segmento del cargo tercero, el censor acusa al Tribunal de no reconocer, estando acreditado, la convivencia entre Sandra Milena Ladino Vega y John Jairo Gualdrón López; y en dejar por demostrado, sin estarlo, la unión marital entre aquella y Edwin Gualdrón López.
Esta última, al suponer el hecho en unas fotografías y al no apreciar el engaño fraguado alrededor de los carnés de cotizante de la EPS Salud Total de Edwin Gualdrón López y de beneficiaria de Sandra Milena Ladino Vega.
Y la primera, al tergiversar la prueba documental relacionada con la afiliación de la actora, incluidos sus hijos, a dicha EPS, por parte de John Jairo Gualdrón López; y al desnaturalizar el testimonio de este último y el de sus hermanos Brayan y Roberto Carlos Gualdrón López, así como el interrogatorio de Luis María Gualdrón Pinto.
4.4.4.2. Se procede, entonces, a estudiar si el Tribunal incurrió en los errores dichos al valorar las pruebas que demostraban la unión marital de hecho entre Sandra Milena Ladino Vega y Edwin Gualdrón López.
4.4.4.2.1. Con relación a las fotografías, el recurrente sostiene que “por sí solas” no demostraban la convivencia por “más de cinco años”.
El Tribunal, en el punto, dejó sentado que en tales documentos se observaba claramente “relaciones sentimentales” entre la pareja, “comprometedoras”, pues “(…) en varias de ellas aparece él en pantaloneta y ella en short sentada sobre sus piernas y él abrazándola (…)”, inclusive sin camisa, y en otras, de pies, en la misma actitud, “(….) pegándola a su cuerpo (….)”.
Contrastado lo que precede, el error de hecho de facto es inexistente, porque el juzgador no le hizo decir al medio de convicción cuanto la censura sostiene, esto es, una convivencia por “más de cinco años”. Todo lo contrario, si para el recurrente, la prueba, por si sola, era insuficiente para dar cabida a las pretensiones, quiere ello decir que aunada a otros elementos de juicio, la demostrarían.
Esto, exactamente, fue tenido en cuenta por el sentenciador, al atar los documentos representativos, admisibles según la regla 243 del Código General del Proceso, con lo que los “testimonios recaudados en la segunda instancia establecen plenamente como una unión marital”; en obedecimiento, precisamente de la obligación legal de apreciar el juez las pruebas en conjunto, prevista ahora en el artículo 176, ibídem.
4.4.4.2.2. El afirmado engaño fraguado, derivado de la fotocopia de los carnés expedidos por la EPS Salud Total, entre otras cosas sin autenticar, no se configura, porque si bien el ad-quem omitió referirse al documento en cuestión, en el mismo no se hizo constar, por alteración o superposición, en fin, que Sandra Milena Ladino Vega, fuera beneficiaria de Edwin Gualdrón López.
El contenido de la prueba, simplemente coincide con lo puesto de presente por la censura, en cuanto Edwin Gualdrón López, en efecto, era cotizante de la EPS Salud Total, y que Sandra Milena Ladino Vega, no era beneficiaria suya, sino de su hermano John Jairo Gualdrón López.
4.4.4.5.1. El error al apreciarse las pruebas sobre la afiliación a la EPS Salud Total, no se estructura, porque en forma expresa el juzgador señaló que era “(…) cierto (…) que John Jairo Gualdrón López, tenía afiliados como beneficiarios a Sandra Milena Ladino Vega y sus hijos, lo que además aceptó ella en el interrogatorio de parte (…)”.
Distinto es que, al margen del acierto, el sentenciador haya aceptado las explicaciones dadas por la absolvente, respecto de esa precisa circunstancia, en principio adversa a la interrogada, para no escindirla8, “(…) en el sentido de que ello era así porque su compañero Edwin le pidió la afiliara porque él tenía afiliada a su madre quien estaba enferma de cáncer (…)”. Y en ninguna parte, el recurrente pone en tela de juicio lo así concluido.
4.4.4.5.2. La convivencia marital también fue fijada por el Tribunal de cara a los testimonios de John Jairo, Brayan y Roberto Carlos Gualdrón López, hermanos de Edwin Gualdrón López, y al interrogatorio de Luis María Gualdrón Pinto, progenitor de todos ellos.
El sentenciador, por tanto, no pudo incurrir en error de hecho manifiesto al apreciar los anteriores medios. Diferente es que no le haya creído a los consanguíneos del causante, al caer en imprecisiones, incoherencias, contradicciones y discordancias, tanto intrínsecas como extrínsecas, según en cada caso y a espacio lo disgregó.
Así, porque John Jairo, “miente”; Brayan, “diverge” con su hermano; Roberto Carlos, incurre en “contradicciones”; y Luis María -quien entre otras cosas crea su propia prueba, pues contesta en favor9-, al ser “ostensible y manifiesta su incoherencia y mayúsculas sus contradicciones”.
En otras palabras, porque los “(…) testimonios arrimados por la pasiva no desvirtúan la conclusión que ofrecen las declaraciones recibidas en la segunda instancia y los documentos analizados anteriormente, como las fotografías y la copia del seguro de vida (…)”.
Síguese, entonces, que si en alguna falta incurrió el ad-quem al valorar los precitados elementos de juicio, no lo habría sido en el ámbito objetivo o material, sino en el campo estrictamente legal. No obstante, en el contexto de la acusación nada al respecto aparece confutado, pero a la par, la censura confunde sucesivamente, frente al material histórico, los errores de hecho y los de derecho.
4.4.4.6. Las falta de eficacia jurídica denunciadas se contraen exclusivamente a la contemplación jurídica de las pruebas que llevaron al Tribunal a dejar por establecida la unión marital entre Sandra Milena Ladino Vega y el fallecido Edwin Gualdrón López.
En el cargo primero, relacionado con la recepción oficiosa de las declaraciones de Libardo Macías León, Ruperto Torres Gualdrón, Blanca Herminda Rojas de Cabanzo y Sonia Milena Cabanzo Rojas, y con unos traslados para alegar de conclusión. En el cargo tercero, alrededor de la legalidad de unos medios de convicción y la apreciación en conjunto de otros.
4.4.4.6.1. Los artículos 37-4, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil (artículos 42-4 169 y 170 del Código General del Proceso), otorgan poderes a los jueces para decretar pruebas de oficio, en aras de obtener elementos de juicio idóneos y suficientes dirigidos a escrutar la realidad y veracidad de los hechos sometidos a su consideración.
Se trata de una valiosísima herramienta de instrucción probatoria que recobra todo su vigor en el Estado Constitucional para vencer las sombras, las penumbras y las incertidumbres frente a la verdad real, en pos de la protección y reconocimiento de los derechos subjetivos de los justiciables.
La facultad, a su vez, deber legal, tiene lugar, conforme a dichas disposiciones, cuando el juez “considere conveniente[s]” o “útiles” las pruebas, en orden a “verificar” los hechos “alegados” o “relacionados” por las partes y “evitar nulidades y providencias inhibitorias”.
No cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser así, se sorprendería a los extremos de la relación procesal, en desmedro de las garantías mínimas de defensa y contradicción. De ahí que para formar su propio juicio, según la circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicción oficiosamente decretado.
Por ejemplo, para superar la duda razonable, pues al decir de eta Corte, “(…) [s]i halla insuficiencia demostrativa, decreta la prueba, al margen de que sea por el incumplimiento de las cargas que incumben a las partes o por su culpa o irresponsabilidad, como búsqueda de mayor idoneidad y eficacia probatoria para obtener la certeza y hacer que resplandezca la verdad e impere la justicia (…)”10.
En coherencia con la jurisprudencia constitucional “(…) (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar la decisión del sendero de la justicia material (…)”11.
No se trata, desde luego, de cubrir la carga probatoria de los sujetos en contienda, respecto a un determinado hecho, propio del sistema dispositivo (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil), sino de encadenar los rasgos esenciales de ese principio con el poder deber oficioso mencionado, inherente al paradigma inquisitivo, para así responder a la verdad y al derecho sustancial.
La práctica de oficio de pruebas, como facultad deber, en consecuencia, no es una potestad antojadiza o arbitraria, sino un medio para destruir la incertidumbre y procurar mayor grado de convicción o (…) aumentar el estándar probatorio (…)”, según se explicó en el precedente antes citado, permitiendo así, no solo fundamentar con mayor rigor y vigor la decisión, sino evitando el sucedáneo de las providencias inhibitorias o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad para fallar (non liquet).
El decreto oficioso de pruebas no implica suprimir el principio dispositivo que regula en forma general esa precisa materia, ni supone aplicarlo de manera inopinada en todos los casos. Esto significa que el sistema híbrido, por lo visto, de carácter excepcional, impone examinar para su aplicación, la conducencia o idoneidad legal, la pertinencia y la utilidad, la conveniencia o necesidad del medio; precisamente, como hitos a la discrecionalidad o al desafuero del juez, según arriba se anticipó.
En vía de ejemplo, midiendo la trascendencia de las pruebas materia del poder-deber inquisitivo, bien por aparecer físicamente en el proceso, aunque de manera irregular, ya a través de otros elementos de juicio o de cualquier otro acto procesal de las partes que las mencionen, cual acaece con la declaración de terceros.
4.4.4.6.2. El traslado para alegar, constituye una oportunidad señera para que las partes, una vez instruido el proceso o dentro de los confines de la apelación, puedan interactuar con el juez acerca de los puntos de vista que sustentan la posición mantenida en el litigio.
Pretermitirlo, por tanto, conllevaría dejar en entredicho los derechos fundamentales de defensa y contradicción, y con ellos, de igual calado, su correspondiente debido proceso, al punto que mientras no haya sido convalidada la omisión, expresa o implícitamente, el ordenamiento impone restituir la posibilidad para alegar de mejor probar.
Así lo establece el artículo 140, numeral 6º del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor el proceso es nulo en todo o en parte, “[c]uando se omiten los términos u oportunidades (…) para formular alegatos de conclusión”. En igual sentido, en términos generales, el artículo 133, numeral 4º del Código General del Proceso.
Asociado con el principio inquisitivo de que se viene hablando, la pretermisión de un nuevo traslado para presentar alegatos de conclusión, no afecta las garantías fundamentales de las partes, ni la validez del proceso, porque ninguna norma lo ordena imperativamente. Ese ha sido el pensamiento de esta Sala, al decir que “(…) cuando se acude a la facultad de decretar pruebas de oficio, no hay regla legal que imponga otra ocasión para alegar (…)”12.
De modo que aun cuando complementarios, pues los une el debido proceso, la etapa de alegaciones no puede confundirse con el principio de contradicción de las pruebas pedidas por las partes o decretadas de oficio por el juez. Tratándose de estas últimas, el principio de contradicción es una garantía que se debe materializar durante su incorporación al proceso. Si bien el decreto oficioso de pruebas es irrecurrible, esto no significa que las partes no puedan controvertirlas durante su introducción o práctica, derecho que como tal, debe garantizar y preservar el juez con todo rigor en esos precisos momentos.
La oportunidad para controvertir una prueba pedida o decretada de oficio al momento de evacuarse, por tanto, es distinta de la posibilidad de ejercer el derecho de la contradicción genérica prevista en la fase de alegaciones de conclusión. El privilegio de contender subyace y debe surtirse en el proceso mismo de producción del medio oficioso, así esa otra etapa del debate reglado se encuentre superada, porque de coartarse, la eficacia jurídica de la prueba quedaría afectada; alegar de mejor probar como se demanda en el cargo es potestativo, inclusive la pretermisión de esa etapa es susceptible de saneamiento tácito o expreso, al no estar prevista en el ordenamiento.
4.4.4.6.3. El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, ahora el canon 176 del Código General del Proceso, impone al juez la obligación de apreciar las pruebas en conjunto de “(…) acuerdo con las reglas de la sana crítica (…)”, exponiendo “(…) siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”, todo claro está, “(…) sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
La norma alude a dos sistemas de valoración probatoria. El legal o tarifario, de suyo excepcional, donde es el legislador quien indica el valor persuasivo que tiene determinada prueba; y el racional, como principio general, en cuyo caso, es el sentenciador quien fija esa eficacia demostrativa, si bien en forma autónoma, atado en todo caso a las reglas de la sana crítica, esto es, a la lógica, a los avances de la ciencia y a los dictados de la experiencia.
Los lineamientos dichos tienden a asegurar, al decir de esta Corporación, “(…) plena coherencia (…), de modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos diversos componentes; y (…) se tenga ‘por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que (…) sean aplicables a un determinado caso’ (G.J. t. CCLXI, pag. 999)”13, pero también, para la necesaria defensa de la seguridad jurídica y de la confianza legítima de la ciudadanía en el ámbito del derecho probatorio, cuando se trata, por ejemplo, de las pruebas “ad sustantiam actus”, respecto de los efectos jurídicos constitutivos o de existencia de ciertos negocios en el tráfico judicial (artículos 256 del Código General del Proceso).
Ahora, otorgada en su conjunto eficacia demostrativa a la prueba testifical, pese a las imprecisiones, incoherencias y contradicciones, esto denota que unas y otras fueron superadas por el juzgador o que no eran de una entidad suficiente para demeritar el medio. Es decir, que el análisis del Tribunal, al fijar incompatibilidades, concatenaciones, exclusiones y conclusiones, no choca con las reglas de la sana crítica, dada la acerada presunción de legalidad y acierto que arropa la sentencia opugnada. Se trató, entonces, del ejercicio legítimo del sentenciador de la obligación de analizar y ponderar la prueba, tal cual se lo impone el debido proceso y la propia Constitución.
Desde luego, si contradice tales directrices, a la censura le corresponde hilvanar las pruebas y poner de relieve cómo en su conjunto el sentido verdadero resulta distinto al señalado en el fallo recurrido, sin olvidar que en ese trabajo, atinente con la valoración de las declaraciones de terceros acopiadas, el rigor extremo no es el mejor consejero o el criterio a seguir.
Si así fuera, cualquier imprecisión o contradicción por exigua que pareciera, daría al traste con la eficacia jurídica de la prueba testifical. Por esto, al decir de esta Corte, “(…) los pequeños detalles de imprecisión o contradicción de los deponentes no pueden erigirse, por sí mismos, en motivo suficiente para restarles credibilidad (…)”14.
4.4.4.6.4. Las copias de documentos reproducidos mecánicamente, carecen de valor probatorio, a menos que hayan cumplido los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
Esto es, “autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada”; o “autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente”; o “compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.
Así lo ha señalado esta Corporación en diferentes oportunidades15. Sin embargo, en la hora de ahora, la directriz jurisprudencial debe entenderse en un marco donde no exista certeza sobre la procedencia o el contenido del instrumento de que se trate, pero no cuando la conducta de los sujetos en contienda, tratándose de copias informales de documentos públicos, cejan la incertidumbre.
Con mayor razón, cuando respecto de los “documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios”, el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, mediante el cual se modificó el inciso 4º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, establece que “se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación”, regla ahora inserta en el artículo 244 del Código General del Proceso.
Las formalidades dichas, por lo tanto, resultan esenciales en el marco del Código de Procedimiento Civil, respecto de copias simples, frente a la duda acerca del autor o del contenido del documento, sea público o privado, y dejan de serlo en caso contrario. En el sustrato, entonces, al tenor del artículo 252, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, lo importante es que el documento sea auténtico, cual ocurre “cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”, mientras en el ámbito del Código General del Proceso, artículo 246, la polémica ha quedado superada, porque las copias de documentos sin autenticar se presumen auténticas y tienen el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presencia del original o de una determinada copia.
4.4.4.6.5. La aportación de la prueba documental, en línea de principio, es tarea que incumbe a los contendientes dentro de las oportunidades señaladas en la ley.
Entre otras, al absolver los interrogatorios (artículo 208, inciso 5º del Código de Procedimiento Civil), siempre y cuando los documentos se relacionen con los hechos contestados. La apreciación del instrumento, por supuesto, se sujeta a las normas que lo disciplinan, según sea público o privado, declarativo, dispositivo o representativo, bastando para el efecto, como se indica en el anotado precepto, su simple incorporación al expediente, aunado a un traslado común de tres días, por demás sobreentendido, pues no requiere de “auto que lo ordene”. Ahora, tratándose del sistema oral, en audiencias y concentrado, se surte de manera inmediata, como se infiere, en general, de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso.
4.4.4.7. Frente a las anteriores directrices, ninguno de los errores de eficacia jurídica probatoria se estructura.
4.4.4.7.1. Relativo a la combinación de los principios dispositivo e inquisitivo, porque la no práctica de pruebas, así lo haya sido por desidia, negligencia o desatención de la parte que las solicitó, ello no es lo que mide su aplicación.
El Tribunal, en el caso, al proceder como lo hizo, justificó en forma expresa su actuación, al decir en auto de 9 de abril de 2014, que lo hacía porque advertía la “(…) necesidad, para mejor proveer (…)”.
Si en el cargo primero no se pone de presente que los testimonios evacuados eran innecesarios, debe seguirse que, en efecto, eran necesarios, no para favorecer a una de las partes, como se plantea por el recurrente, sino en función de la verdad real, precisamente, para alcanzar los estándares o baremos de convicción que permitan reconocer esa realidad rayana a la certeza y prodigar así una buena justicia.
4.4.4.7.2. La omisión de los alegatos de conclusión una vez materializada la prueba testifical decretada en segunda instancia (hoy regla 327 del Código General del Proceso), siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, inclusive en la hipótesis de imponerlos la ley, que no lo es, según supra quedó debidamente explicado, configura un error de actividad y no de juzgamiento.
Desde la perspectiva de los derechos a la defensa y contradicción, la falta calificada se echa de menos. En primer lugar, porque la prueba testimonial fue recibida con audiencia del recurrente, lugar donde, justamente, esas garantías fueron observadas a cabalidad; y en segundo orden, por cuanto si bien los alegatos de conclusión, luego de practicadas las pruebas de oficio, se erigen en una oportunidad adicional para ejercer dichos derechos, al no ordenar la ley de manera imperativa el traslado, es facultativo concederlo e igual potestativo aprovecharlo. Esta premisa tiene mayor razón en un sistema oral y concentrado, donde se surte inmediatamente se va evacuando, correspondiendo a la parte estar presente y ejercer en ese instante su derecho de contradicción.
4.4.4.7.3. En el cargo tercero, uno de los errores de derecho se contrae a la apreciación del interrogatorio de Sandra Milena Ladino Vega, en contraste con los hechos de la demanda, con los testimonios de Libardo Macías León, Ruperto Torres Gualdrón, Blanca Herminda Rojas de Cabanzo y Sonia Milena Cabanzo Rojas, y con la declaración de parte de Luis María Gualdrón López.
Se precisa, sin embargo, al quedar definido que la demandante no sostuvo ninguna unión marital de hecho con John Jairo Gualdrón López, pues las conclusiones al respecto consignadas en la sentencia impugnada, han quedado indemnes en casación, todo se reduce a establecer si el Tribunal, en punto de la eficacia jurídica de las pruebas, erró al dejar sentada una relación de la misma naturaleza, pero con el difunto Edwin Guadrón López.
Con ese propósito, debe entenderse que el fallador acertó al espetar dicha conclusión y no se equivocó, porque al apreciar la prueba testimonial de cargo, infirió que la misma era “(…) clara, precisa y coherente (…)”; o como en otro apartado lo explicó, que las “(…) declaraciones [eran] coherentes, sinceras, espontáneas y concordantes entre sí”.
4.4.4.7.3.1. En esa dirección, como el recurrente de manera alguna y absoluta niega la unión marital de hecho declarada, pues al referirse al dicho de Sandra Milena Ladino Vega, sostiene que la “(…) convivencia a que alude la interrogada duró menos de dos años, es decir, un año, 10 meses y 14 días (…)”, en el contexto del ataque, al margen de los extremos temporales de la relación, los errores de eficacia demostrativa son inexistentes, porque en ese preciso marco propuesto no existirían divergencias
4.4.4.7.3.2. Lo mismo se predica, puntualmente, de la supuesta contradicción entre los interrogatorios de Luis María Gualdrón López y Sandra Milena Ladino Vega, puesto que si el contenido del primero no fue tenido en cuenta para desvirtuar la unión marital entre esta última y Edwin Gualdrón López, nada habría para contrastar.
4.4.4.7.3.3. Si bien Sandra Milena Ladino Vega, en el interrogatorio de 14 de febrero de 2013, contestó que conoció Edwin Gualdrón López, “hace tres años”, la respuesta, por sí, no perviviría, pues allí mismo, inclusive desde la demanda genitora, aclaró y reiteró que la relación marital la empezaron “(…) en el año dos mil cinco, en el mes de enero, hasta diciembre de dos mil once que él falleció (…)”.
Ahora, si los testigos Libardo Macías León y Ruperto Torres Gualdrón, dijeron conocer la pareja conviviendo maritalmente desde “el 2007” o “hacía 8 años”, esto concuerda con el tiempo que afirmó la actora en el escrito genitor y en la declaración de parte. La contradicción enarbolada alrededor, en consecuencia, no se estructura.
La ineficacia jurídica de lo vertido por Libardo Macías León, respecto de la unión marital investigada, no se puede edificar sobre la base de haber contestado que “(…) [a] mi me parece que él vivía en la casa del papá de Sandra (…)”, porque la respuesta no se refería al contexto de la relación, sino a una pregunta concreta, esto es, si sabía “(…) [q]ue otras personas convivían con ellos en el mismo lugar (…)”.
El hecho de que el deponente Ruperto Torres Gualdrón, haya puesto a vivir a Edwin Gualdrón López y Sandra Milena Ladino Vega, en la calle 43 con carrera 8ª, cuando la pareja residía en la calle 43 N° 7-71, Lagos Dos, Floridablanca, es una cuestión nimia, insustancial, puesto que todo corresponde a un mismo entorno geográfico.
Exigir rigurosidad, significa someter y equiparar el testimonio al registro fílmico o videográfico de todas las circunstancias modales, en forma precisa, matemática, secuencial o históricamente detallada sobre los hechos que depone, rayando con el exabrupto, lo irracional y el extremismo probatorio. Ello, resquebraja la sinceridad, la lealtad y la espontaneidad de la declaración, para hacer depender la credibilidad de la misma de un objetivismo puro e insostenible, como si la prueba se edificara en axiomas algebraicos.
Igual cosa sucede al apreciarse el testimonio de Blanca Herminda Rojas de Cabanzo, pues si bien dijo que conocía a Sandra Milena Ladino Vega, “desde hace 40 años”, cuando ésta manifestó que tenía “treinta y tres años”, en el cargo su dicho se descontextualiza, por cuanto en la misma diligencia precisó, frente a preguntas formuladas, que lo primero se refería a la “familia” y que la actora contaba por ahí con “[u]nos treinta y dos años”.
La anterior testigo, es cierto, manifestó que residía en la “8ª con 7ª y como a tercer casa vivían ellos” (sic.), lo cual no coincidiría con la calle 43 No. 7-71, lugar de la vivienda de Edwin y Sandra Milena. No obstante, como la ubicación la asocia con el entorno: “ella vive ahí todavía”, “en el mismo lugar”, “llegamos al barrio fuimos los primeros, enseguida llegaron ellos”, la diferencia espacial teórica puede obedecer a un lapsus calami o linguae, salvo prueba en contrario, que no la hay, pues en el cargo nada se pone de presente.
Y aunque la antes citada indicó que la pareja en cuestión vivía con la “(…) mamá de ella y el papá de ella (…)”, cuando aparece pacífico que en el lugar también residían Andrés y Deysy Yurani Solano Ladino, hijos de Sandra Milena Ladino Vega, su hermana, Yudy Catherine Ladino Vega, el esposo o compañero de ésta, señor Jorge Luis Archila; referente al hecho, la deponente simplemente no lo confirma, empero, tampoco lo niega, como para calificarla de contradictoria.
Ninguna inconsistencia se avizora en el dicho de Sandra Milena Cabanzo Rojas, porque así ésta haya afirmado que Sandra Milena Ladino Vega y Edwin Gualdrón López, “vivieron siempre ahí”, en la casa del papá de ella, cuando residieron igualmente donde Luis María Gualdrón Pinto, padre del causante, el problema es de la pregunta formulada, pues aparte de incluir la respuesta, e insinuarla, porque si bien en el punto involucra el tiempo de “toda la convivencia de la pareja”, a la postre, el hecho se asocia al “inmueble a que se ha dicho o hecho mención”.
4.4.4.7.3.4. No se desconoce, Sandra Milena Ladino Vega, en el interrogatorio, dijo que no sabía el apellido de Libardo Macías León, el dueño de la buseta que manejaba su entonces compañero Edwin Gualdrón López, y pese a ello lo mencionó al citarlo en el libelo en calidad de testigo.
El error legal, sin embargo, se echa de menos, porque la circunstancia de ignorar los apellidos del declarante, no significa, fatalmente, que su averiguación sea inalcanzable, como de hecho sucedió. Así que nada de incoherente o contradictorio sobre el particular se puede atribuir.
4.4.4.7.3.5. Las imprecisiones entre Sandra Milena Ladino Vega y el declarante Libardo Macías León, sobre si este último concurría al lugar de convivencia de la pareja, dos o tres veces a la semana a recoger el producido de la buseta, es insignificante, pues lo cierto es que esa circunstancia ocurría “más o menos” en esa frecuencia, según pregunta formulada por el apoderado del recurrente.
El no ingreso del deponente a la morada del conductor del rodante, ninguna alarma puede acusar, al ser el hecho contingente y depender de la voluntad del visitante, seguramente, como lo expresa, porque “(…) iba en la camioneta mía (…)” y “esperaba en la calle o carrera”. La ponderación habría de hacerla si uno afirmara que entraba al interior del inmueble y el otro no, pero este no es el caso.
4.4.4.7.3.6. En lo demás, la censura se refiere a diferencias menores en la narración de los declarantes de cargo, tolerables al apreciarlos en conjunto dentro de un marco de flexibilidad, integralidad y circunstancialidad, respecto del diario discurrir o vivir de Edwin Gualdrón López y Sandra Milena Ladino Vega.
Así, por ejemplo, esta última, pese a lo afirmado en el escrito genitor, admitió que no concurría a reuniones de trabajo, pero sí, en términos generales, con las “amistades íbamos juntos y yo era la señora de él”. Si los hechos al respecto son narrados por Ruperto Torres Gualdrón, Blanca Herminda Rojas de Cabanzo y Sandra Milena Cabanzo Rojas, nada entonces habría que neutralizar.
La pretensora, sobre la rutina diaria, contestó que Edwin Gualdrón López, “(…) salía a trabajar a las cinco de la mañana, yo salía a las seis y media de la mañana, el casi siempre almorzaba en la estación donde estuviera, llegaba a las nueve o diez de la noche, él llegaba a comer, mi horario era hasta las dos de la tarde y yo hacía comida y lo acompañaba a hacer el recorrido hasta que terminara (…)”.
Como en la esencialidad de la actividad desarrollada por cada uno de los miembros de la pareja, existe consenso entre los testigos acogidos por el Tribunal, en los pormenores, atendiendo lo que cada deponente percibía, la credibilidad de los testigos no dependía de que existiera absoluta coincidencia con lo expresado por las partes.
Precisamente, Libardo Macías León, dueño de la buseta, no sabe el horario por cuanto eso “depende del recorrido”, en tanto, “nunca estuve pendiente de a qué horas llegaba ni a qué horas salía de la casa”; y si Roberto Torres Gualdrón, afirma que era “variable el horario”, al margen de detalles, en el contexto todo resultaba razonable.
En el interrogatorio, Sandra Milena Ladino Vega, no habla de un trabajo estable todos los días y los asocia a “oficios varios, hacer aseo, en almacenes de ventas, en fábricas como operaria”; tampoco niega actividades en el hogar, preparar alimentos, comida, en fin, ni de acompañamiento en rutas. Y si en uno u otro sentido, en el ámbito de su compresión circunstancial, declararon Roberto Torres Gualdrón, Blanca Herminda Rojas de Cabanzo y Sandra Milena Cabanzo Rojas, ninguna contradicción trascendente había que reconocer.
Por último, si bien en asuntos de familia, los parientes cercanos a las partes involucradas, serían los más idóneos para historiar los hechos controvertidos, esto no constituye un axioma, menos cuando, justamente, por la cercanía, su credibilidad o parcialidad estaría en entredicho. Luego, si Sandra Milena Ladino Vega, no llamó a declarar a sus padres, hermana y cuñado, nada se le puede encarar.
4.4.4.7.4. El error de derecho relacionado con la apreciación de la certificación médica de la demandante acerca de que tenía un lunar en sus partes íntimas, supone que el Tribunal, al margen del acierto, no se equivocó al dejar sentado, en el campo objetivo, que era perceptible para quien tuviera relaciones sexuales con ella por varios años de convivencia, sin que fuera dable sostener para desvirtuarlo, lo ínfimo del tamaño, el lugar de ubicación o si estaba cubierto de vello púbico, porque si para el recurrente, no había “certeza” que fuera visible, los errores de hecho probatorios no se pueden fundar en la especulación, ni en la duda.
Sentado lo que precede, no es cierto que el documento se produjo con violación de su regularidad legal. Primero, por cuanto presentado al momento del interrogatorio, sin referencia directa a una respuesta asociada con el detalle íntimo, su relación indirecta con los requisitos de la unión marital de hecho investigada, a la postre lo preguntado en el contexto, es irrefutable; segundo, porque fue incorporado al expediente; y tercero, puesto que el mismo legislador diseñó la forma del traslado para su contradicción, en el sentido de que no necesitaba de “auto que lo ordene” (artículo 208, inciso 5º del Código de Procedimiento Civil), o en la actualidad de manera inmediata, como se infiere de los artículos 372, 373 y 392 del Código General del Proceso; lo cual, frente a una defensa técnica, no era dable ignorar.
4.4.4.7.5. Igual conclusión cabe predicarse de la copia simple del seguro de vida, porque si la procedencia o el contenido del documento se encontraba fuera de duda, su autenticidad implícita surgía al rompe. Esto es tan cierto, que esa circunstancia habilitó al mismo recurrente para hacer, sin lugar, unas consideraciones jurídicas.
De una parte, porque al margen de las distinciones entre cónyuge o compañero permanente, el hecho importante, en sí, es haber instituido el causante a la actora beneficiaria del 50% del seguro, lo cual no podía surgir de la nada, de donde el hecho alguna significación imprimía, igual como la tenía asignar el otro 50% a Luis María Gualdrón Pinto, pero por mediar la relación de padre; y de otra, porque la temporalidad de la cobertura, pues estaba vencida al momento de la muerte del tomador, en nada incide, pues lo importante era el antecedente indicante del hecho, durante la convivencia marital investigada.
4.4.4.8. Frente a lo expuesto, surge diáfano que el Tribunal, al apreciar las pruebas individualmente y en conjunto, expresión normativa de los métodos analítico y sintético en el sistema probatorio (previstos en los artículos 187 del Código de Procedimiento Civil y 176 del Código General del Proceso), no incurrió en ningún error material u objetivo, ni de eficacia jurídica, al declarar la unión marital de hecho conformada por el extinto Edwin Gualdrón López y Sandra Milena Ladino Vega, y al no reconocer, a su vez, en el contorno de la defensa, una relación de la misma naturaleza entre ésta última y John Jairo Gualdrón López.
4.4.5. Resta estudiar si el Tribunal violó directamente los derechos fundamentales a la igualdad y a un debido proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, normas que, para el caso, frente a la endilgada ruptura del equilibrio procesal, tienen la connotación de sustanciales, si se tiene en cuenta, al tenor del artículo 7º, inciso 2º de la Ley 1285 de 2009, vigente para la época. El recurso de casación, a más de su función nomofiláctica, igualmente tiene como mira la protección de las garantías constitucionales, como así igualmente aparece reiterado en el artículo 336, in fine, del Código General del Proceso.
4.4.5.1. La transgresión normativa, recta vía, implica que el recurrente, como antes fue explicado, debe aceptar en su integridad las conclusiones que en el campo de los hechos y de las pruebas han quedado fijadas en el proceso.
4.4.5.2. En concreto, que en ningún error facti in iudicando se incurrió al declararse la unión marital de hecho entre Edwin Gualdrón López, fallecido, y Sandra Milena Ladino Vega, desde el 31 de diciembre de 2005, hasta el 29 de diciembre de 2011.
4.4.5.3. En consecuencia, establecido que el ad-quem acertó al desplegar la actividad oficiosa dirigida a recibir la prueba testimonial y en todo lo que giró alrededor, así como al otorgarle eficacia jurídica a las cuestionadas certificación médica y copia simple del documento contentivo del seguro de vida, el grueso del ataque en esta oportunidad, salta de bulto que en dirección de las garantías superiores reclamadas, en ninguna violación directa incurrió.
4.4.6. Los tres cargos, en consecuencia, están irremediablemente llamados al fracaso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 6 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por Sandra Milena Ladino Vega contra Luis María Gualdrón Pinto, heredero en la sucesión de Edwin Gualdrón López.
Las costas en casación corren a cargo del inerpelado recurrente. En la liquidación, inclúyase la suma de tres millones de pesos ($3’000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la parte opositora en el recurso no replicó la demanda.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
(Ausencia justificada)
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
(Ausencia justificada)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 CSJ. Civil Civil. Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, expediente 5212.
2 CSJ. Civil. Cfr. Sentencias de 11 de marzo de 2009, expediente 00197, y de 19 de diciembre de 2012, expediente 00003, entre otras. Autos de 18 de junio de 2008, expediente 00205, y de 19 de diciembre de 2008, expediente 01200.
3 CSJ. Civil. Cfr. Sentencia de 21 de junio de 2016, expediente 00129.
4 La Corte Constitucional, en sentencia C-075 de 7 de febrero de 2007, resolvió “[d]eclarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”.
5 CSJ. Civil. Sentencia de 10 septiembre de 2003, radicación 7603.
6 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2013, expediente 00084.
7 CSJ. Civil. Sentencia 239 de 12 de diciembre de 2001. Reiterada en fallos de 27 de julio de 2010, expediente 00558, y de 18 de diciembre de 2012, expediente 00313, entre otros.
8 Según el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, “[l]a confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúen”. En el mismo sentido el artículo 196 del Código General del Proceso.
9 En los términos de los artículo 195-2 del Código de Procedimiento Civil y 191-2 del Código General del Proceso, los hechos manifestados por las partes tienen eficacia demostrativa cuando de los mismos se despenden “(…) consecuencias adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria”.
10 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de julio de 2014, expediente 00122.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 16 de octubre de 2014.
12 CSJ. Civil. Sentencia de 11 de octubre de 2004, expediente 7706.
13 CSJ. Casación Civil. Sentencia de 25 de mayo de 2004, expediente 7127.
14 CSJ. Civil. Sentencia de 13 septiembre de 2013, expediente 00932.
15 CSJ. Civil. Sentencias de 4 de noviembre de 2009, expediente 00127; de 18 de diciembre de 2012, radicación 00104; y de 1º de diciembre de 2015, expediente 00080.