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STC3781-2021
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC3781-2021
Radicación n.° 11001-02-30-000-2021-00253-00
(Aprobado en sesión virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Se procede a decidir la tutela impetrada por Wendy Camila Delgado Ospina frente al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-.
1. ANTECEDENTES
1. La promotora exige el amparo de las prerrogativas de petición y a “(…) elegir profesión u oficio (…)”, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada.
2. En apoyo de su reparo, sostiene que, terminados sus “estudios de Derecho” en la Universidad del Meta, inició la judicatura ad honorem en el Juzgado Sesenta y Uno de Instrucción Penal Militar, adscrito a la Séptima Brigada de Villavicencio, práctica realizada entre el 1° de octubre y el 24 de marzo de 2020.
Advierte que el 20 de enero de 2021 radicó, ante la accionada, vía correo electrónico, “(…) la documentación requerida para el reconocimiento de la judicatura (…) para acceder al título de Abogada (…)”.
Indica que el 5 de febrero siguiente, le informaron de la remisión de su solicitud “al profesional encargado”; sin embargo, a la fecha, no ha recibido ninguna notificación sobre su trámite.
Señala que llamó en múltiples ocasiones al teléfono de la Unidad de Registro querellada, empero no le contestaron; además, remitió peticiones al “profesional encargado” de su demanda y a dicha Unidad, pero, de igual modo, omitieron contestarle.
Tras referir que en el sistema del ente querellado figura como “(…) estado actual [de su] solicitud: radicada sin ninguna otra especificación (…)”, acota que “(…) hay postulaciones a grado [para su carrera] (…) del 7 al 17 de mayo y sin [el] (…) documento [pretendido, le] es imposible hacer dicha postulación (…)”
3. Exige, en concreto, se conteste de manera “inmediata” su reclamo.
1. Respuesta del accionado
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se opuso a la prosperidad del resguardo porque, “(…) [d]ebido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y de expedición de tarjetas profesionales de abogados (…)”, su capacidad “operativa” ha sido sobrepasada; no obstante, indica, ha atendido tales demandas “(…) en el orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y, por ese mismo, notifica las decisiones (…)”. Sobre el caso de la tutelante, expuso:
“(…) [C]on todos los documentos e información solicitada (…) [expidió] la Resolución No.1978 de 2021, por medio de la cual (…) le reconoció el cumplimiento de la Práctica Jurídica a la Egresada Wendy Camila Delgado Ospina, cuya copia se adjunta. Así mismo, de conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020, se remitió el oficio No. 1978 de 2021, con el cual se le notificó al correo electrónico de la solicitante, la citada Resolución (…)”.
“Ahora bien, en relación con las diferentes solicitudes de respuesta presentadas por la accionante, se informa que a cada una de ellas se le dio respuesta en su debida oportunidad (…)”.
En consecuencia, reclamó denegar la protección incoada por acaecer un hecho superado.
2. CONSIDERACIONES
1. Examinada la queja y las pruebas adosadas, se establece el fracaso del auxilio demandado, por configurarse un hecho superado, pues, como lo indicó la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en el trámite de esta salvaguarda, atendió lo exigido por la peticionaria.
En efecto, se constata, mediante “Resolución No. 1978 de 2021”, del 7 de abril de esta anualidad, se le reconoció a la querellante “la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al título de abogada (…)”, notificándosele de ello en la misma fecha, a través de su correo electrónico.
Así las cosas, como la reclamación de la promotora ya fue definida por la autoridad denunciada, de acuerdo con lo antes acotado, la intervención de esta especial jurisdicción, en tal aspecto, se torna inane.
Sobre la figura reseñada, esta Sala ha indicado:
“(…) [L]a decisión del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales (…)”.
“(…) El hecho superado o la carencia de objeto (…), se presenta: ‘si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido (…)”1.
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constitución Nacional, cuando dice:
“(…) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (…)”.
Complementariamente, el artículo 93 ejúsdem, contempla:
“(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.
“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”.
El mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, según el cual: “(…) Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (…)”4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo.
2.1. Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su protección resulte procedente o no.
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte no sólo a petición de parte sino ex officio5.
No sobra advertir que el régimen convencional en el derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino también el convencional; con mayor razón cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.
2.2. El aludido control en estos asuntos procura, además, contribuir judicial y pedagógicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados –incluido Colombia-6, a impartir una formación permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; así como realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de protección de derechos y garantías8.
Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no sólo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en torno al máximo grado de salvaguarda de sus garantías.
Además, pretende contribuir en la formación de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protección de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.
3. El auxilio impetrado será desestimado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Wendy Camila Delgado Ospina frente al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.
2 Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
5 Corte IDH. Caso Gudiél Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330.
6 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 295 a 323.
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 229 a 274.
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 278 a 308.