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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO Magistrado ponente
ATC3700-2015
Radicación n.° 11001-22-03-000-2015-01252-01
Bogotá, D. C., primero (01) de julio de dos mil quince (2015).
1. Correspondería a la Corte decidir la impugnación interpuesta frente al fallo proferido el 3 de junio de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de amparo promovida, a través de apoderado judicial, por Iván Darío González Torres contra la Procuraduría 12 Judicial II Para Asuntos Administrativos de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculados el Ministerio de Defensa Nacional y la Armada Nacional, si no fuera porque se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuación cumplida hasta este momento, como pasa a verse:
2. Revisado el trámite de la primera instancia, se observa que a los señores Luz Amparo Baena Gaviria, María Doris González Torres, Felipe Hoyos González, Rafael Alberto González, Bernarda de Jesús Torres, Olga Cecilia González Torres, Luisa María Vélez González, Diego Luis González Torres, Alejandra González Herrera, Valentina González Herrera, Cruz Elena González Torres, Jerónimo Ledesma González, Manuela González Torres, Luz Magali González Torres, Carolina Arango González, Víctor Manuel González Torres, Víctor Manuel González Castaño, Daniel Esneider González Castaño, María Elizabeth González Pamplona, Juan David González Pamplona, Blanca Enoe González Torres, Jhon Jairo González Torres, Juan Fernando González Delgado, Cristián González Correa, Johan Andrés González Galeano, Hugo Alberto González Torres, Estefanía González Loaiza, Andrés Esteban González Loaiza y Laura González Loaiza, quienes también figuran como solicitantes de la audiencia de conciliación extrajudicial que cuestiona el accionante, en su condición de compañera permanente, padres, hermanos y sobrinos de éste, respectivamente, no fueron vinculados a esta acción pública a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicción, a pesar de que la decisión a emitirse en el presente asunto podría llegar a producir efectos respecto de ellos.
3. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece, que las actuaciones que se surtan dentro del trámite constitucional deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza a los terceros la protección de los intereses que pueden verse afectados con la determinación que se adopte.
4. Así mismo, dicho ordenamiento garantiza la citación al trámite constitucional de los terceros determinados o determinables con interés legítimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se garantice el debido proceso, posibilidad que no se otorgó en el sub lite a Luz Amparo Baena Gaviria, María Doris González Torres, Felipe Hoyos González, Rafael Alberto González, Bernarda de Jesús Torres, Olga Cecilia González Torres, Luisa María Vélez González, Diego Luis González Torres, Alejandra González Herrera, Valentina González Herrera, Cruz Elena González Torres, Jerónimo Ledesma González, Manuela González Torres, Luz Magali González Torres, Carolina Arango González, Víctor Manuel González Torres, Víctor Manuel González Castaño, Daniel Esneider González Castaño, María Elizabeth González Pamplona, Juan David González Pamplona, Blanca Enoe González Torres, Jhon Jairo González Torres, Juan Fernando González Delgado, Cristián González Correa, Johan Andrés González Galeano, Hugo Alberto González Torres, Estefanía González Loaiza, Andrés Esteban González Loaiza y Laura González Loaiza, pues, se reitera, es claro que el fallo que llegue a emitirse les concierne en su calidad de cosolicitantes de la audiencia de conciliación extrajudicial de que se duele el tutelante; omisión que afecta su derecho al debido proceso.
Al respecto, la Corte Constitucional,
«ha hecho énfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciación del trámite que se origina con motivo de la instauración de la acción de tutela, (…), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal (…). Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces (…).
“‘La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados ‘por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.’, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador (…)’» (ver entre otros, ATC3990-2014; ATC4195-2014; ATC4319-2014; ATC3377-2015; ATC3505-2015).
5. Así las cosas, la circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado, toda vez que se impidió a las aludidas personas intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer.
En consecuencia, se ordenará devolver el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se invalida.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida a partir a partir del auto que ordenó darle trámite, inclusive, momento en que debió producirse la vinculación de Luz Amparo Baena Gaviria, María Doris González Torres, Felipe Hoyos González, Rafael Alberto González, Bernarda de Jesús Torres, Olga Cecilia González Torres, Luisa María Vélez González, Diego Luis González Torres, Alejandra González Herrera, Valentina González Herrera, Cruz Elena González Torres, Jerónimo Ledesma González, Manuela González Torres, Luz Magali González Torres, Carolina Arango González, Víctor Manuel González Torres, Víctor Manuel González Castaño, Daniel Esneider González Castaño, María Elizabeth González Pamplona, Juan David González Pamplona, Blanca Enoe González Torres, Jhon Jairo González Torres, Juan Fernando González Delgado, Cristián González Correa, Johan Andrés González Galeano, Hugo Alberto González Torres, Estefanía González Loaiza, Andrés Esteban González Loaiza y Laura González Loaiza; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
2. Devuélvase el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que se reponga la actuación, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia.
3. Comuníquese lo aquí resuelto a la interesada mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
Notifíquese y cúmplase,
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado
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