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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
STC6968-2015
(Aprobado en sesión de tres de junio de dos mil quince)
Bogotá, D. C., cuatro (04) de junio de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el diecisiete de febrero de dos mil quince por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, en la acción de tutela promovida por Wilson Saldarriaga frente a los Juzgados Primero Civil del Circuito, Diecinueve Civil Municipal y Primero Civil Municipal de Ejecución del mismo Distrito Judicial, trámite al cual se ordenó vincular a todos los intervinientes en el proceso ejecutivo génesis de la acción.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
En el libelo que diera origen a la presente acción, el ciudadano, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, equidad y justicia, que considera vulnerados por las autoridades accionadas, al permitir en sus sentencias de primera y segunda instancia la aplicación de tasas de interés superiores a las pactadas y no exigir la reestructuración de su crédito para vivienda en los términos establecidos por la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia constitucional.
Pretende, en consecuencia, que se dejen sin valor ni efecto las decisiones proferidas por los accionados y en su lugar, se les ordene proferir unas nuevas en las que observen los referidos parámetros legales y jurisprudenciales al resolver de nuevo el asunto. [Folios 1-14, c.1]
B. Los hechos
1. El Banco Colpatria S.A., inició proceso ejecutivo hipotecario en contra del accionante y Alba Patricia Arturo Victoria, para el cobro las sumas de dinero contenidas en el pagaré 3000-00080873, junto con sus intereses.
2. El conocimiento del asunto, correspondió al Juzgado Diecinueve Civil del Municipal de Cali, que en auto de 26 de abril de 2004, libró mandamiento de pago.
3. Notificados los demandados, se opusieron a las pretensiones e interpusieron las excepciones denominadas: “Compensación, por efecto de la reliquidación del crédito”, “Cobro de lo no debido”, “Inexigibilidad del pagaré por falta de claridad”, y “regulación o pérdida de intereses”, esta última, la fundaron en que los réditos cobrados por la entidad financiera superaban el máximo autorizado por la ley.
4. Surtido el trámite correspondiente, en sentencia de 18 de noviembre de 2011, el juez de conocimiento resolvió declarar no probadas las excepciones y en consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución; así mismo, decretó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado.
5. La decisión fue recurrida por el extremo pasivo.
6. En fallo de 15 de junio de 2012, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, confirmó la sentencia, basado en que el título allegado con la demanda prestaba mérito ejecutivo y el banco dio cumplimiento a lo preceptuado por las normas sobre el crédito de vivienda al cobrar los intereses y efectuar la reliquidación.
7. Aprobado el avalúo del bien presentado por la entidad ejecutante, el 4 de julio de 2013, se llevó a cabo la diligencia de remate, en desarrollo de la cual fue admitida la postura de la Compañía demandante, por tratarse de la más alta.
8. El anterior acto procesal fue aprobado mediante auto del 22 del mismo mes y año.
10. El 25 de marzo de 2014, la parte demandada solicitó a Colpatria S.A. revisar la viabilidad de permitirles «…pagar en cuotas nuestro apto (…) las condiciones que nos han planteado las soluciones para nosotros son imposibles de conseguir o aceptar ya que para nosotros pagarlo de contado (los $52.000.000 millones, cuando ustedes le pagaron al juzgado $43.000.000 es para nosotros una suma inalcanzable), pero si nos ofrecen unas cuotas moderadas acordes a la realidad económica y social que vive el país en estos momentos, seguramente si se podría hacer un acuerdo (…) para así salvar nuestro único patrimonio…»
11. El 29 siguiente, la entidad, en respuesta a lo peticionado, les solicitó «…enviar propuesta de pago firmada por los titulares de la obligación, en la cual se informe que tipo de acuerdo desea realizar y monto de la cuota mensual que se pueda cancelar (…) con el fin de escalar la solicitud al área encargada…»
12. Ante tal requerimiento, los deudores contestaron que solicitaban que se les permitiera cancelar la suma de $72.000.000 diferidos a 15 años, en cuotas mensuales fijas de $400.000 «…según nuestras necesidades (…) creemos que este valor cubre la deuda y terminación del proceso…».
13. Mediante escritos de abril 4 y mayo 23 de 2014, la parte tutelante puso en conocimiento del juez de la causa y de la inspección de policía comisionada para la diligencia de entrega, la negociación a la que estaba intentado llegar con la entidad financiera, para lo cual allegó copia de todas las comunicaciones cruzadas entre ellos para tal efecto.
14. Colpatria S.A., a través de misiva del 27 de mayo de 2014, informó a sus clientes que la oferta realizada para la recompra del inmueble «…no cumple las expectativas económicas esperadas por el Banco en cuanto al precio ni a la forma de pago (…) comedidamente les solicitamos confirmarnos la fecha y hora de entrega [del predio].»
15. Inconformes con la situación expuesta, los ejecutados han promovido, individualmente, diversas súplicas de naturaleza constitucional, a través de las cuales han cuestionado los fallos de primera y segunda instancia.
16. Concretamente, el actor promovió demanda de amparo en el mes de junio de 2014, a través de la cual solicitó ordenar al juez de la causa «…la suspensión del proceso hasta tanto la entidad ejecutante devuelva al Estado los títulos (TES) – ley 546 de 1999 – correspondientes al alivio del crédito de vivienda y se haya efectuado la reliquidación del crédito conforme a la jurisprudencia constitucional en la materia.». Las demás quejas han sido promovidas por la coejecutada.
17. El Juzgado 7º Civil del Circuito de Cali, profirió sentencia en aquel trámite, a través de la cual negó la protección solicitada, decisión que fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de aquel Distrito, mediante providencia del 15 de agosto de 2014, tras concluir que en el trámite se respetaron las garantías de los deudores.
18. En esta oportunidad, el solicitante de amparo, acude por segunda vez a este mecanismo, para cuestionar los fallos de primer y segundo grado emitidos por los Juzgadores tutelados, por «…permitir continuar con la ejecución sin que al trámite se aportara la reestructuración del crédito.»
En consecuencia, invoca la protección constitucional en los términos ya vistos. [Folios 1-14, c.1]
C. El trámite de la primera instancia
1. El 4 de febrero de 2015 se admitió la acción de tutela, se ordenó el traslado a los despachos accionados y se dispuso la vinculación de los demás interesados para que ejercieran su derecho de contradicción y defensa. [Folios 16-17, c.1]
2. En virtud de la nulidad de la actuación decretada por esta Sala en providencia del 15 de abril de 2015, dada la ausencia de vinculación de uno de los juzgados involucrados, el Tribunal renovó las diligencias y dispuso tal convocatoria al trámite mediante auto del 27 siguiente. [Folios 174-175, c.1]
3. Colpatria S.A. se opuso a la prosperidad del amparo, por considerar que la actuación judicial adelantada contra el tutelante y su esposa, se ajustó a la normatividad que regula la materia y, en todo caso, no es la tutela una instancia adicional para controvertir las decisiones allí adoptadas. [Folios 197-205, c.1]
El Juzgado 19 Civil Municipal de Cali, consideró que la acción promovida por el tutelante es temeraria; como fundamento de su postura, relacionó las múltiples solicitudes de amparo que él y la codemandada han accionado el aparato jurisdiccional a través de este mecanismo. [Folios 32-33, c.1]
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, sintetizó su actuación procesal en sede de segunda instancia e hizo ver que por los mismos hechos y fundamentos, los ejecutados han promovido otras acciones de tutela que desgastan el aparato jurisdiccional. [Folios 36-38, c.1]
4. En sentencia de 5 de mayo de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, consideró que no podía estimarse que se trataba de una acción temeraria porque el actor sólo aparece como demandante en una queja donde no se expusieron los cuestionamientos que en esta oportunidad se alegan. No obstante, negó la protección deprecada, por considerar ajustada a derecho la decisión adoptada por los falladores de instancia, así como la actuación surtida en el juicio ejecutivo. [Folios 236-243, c.1]
5. Inconforme, el quejoso impugnó el fallo con similares argumentos a los expuestos en su demanda de amparo. [Folios 253-264, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. Inicialmente, es necesario precisar que si bien el accionante promovió una solicitud de amparo anterior, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales en el proceso ejecutivo adelantado en su contra, lo cierto es que en esa oportunidad su pretensión estaba encaminada a lograr la devolución del alivio económico establecido en la Ley 546 de 1999, asunto que difiere del aquí expuesto, razón por la que no se muestra temeraria la nueva queja del libelista.
2. Ahora bien, ha sido invariable la posición de la jurisprudencia de esta Corte al señalar que los principios esenciales que orientan la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.
En relación a los presupuestos en mención, cuando se trata de terminación de procesos ejecutivos por créditos de vivienda, se ha hecho énfasis por parte de la jurisprudencia constitucional en que el Juez debe revisar para conceder la protección que: (i) la acción haya sido interpuesta oportunamente y (ii) que se hayan ejercido los mecanismos de defensa con los que se cuenta dentro del proceso con una mínima diligencia.
Así, que en sentencia de unificación, se estableció:
Los jueces que estén conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) esta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo. (Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08, citada en CSJ STC, 6 Mar 2014, Rad 00052-01). (Subrayado fuera del texto).
3. En cuanto al primer presupuesto – el de la inmediatez -, esta Corporación encuentra que el argumento central en el que ha soportado el alto Tribunal Constitucional, la tesis de que el punto límite para la procedencia del amparo es el registro del remate o de la adjudicación, es la necesidad de proteger los derechos e intereses de los terceros adquirentes de buena fe; así lo ha sostenido esa Corporación:
«…para determinar si el actor ha cumplido o no con el requisito de inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto1, aspectos tales como: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, como la absoluta incapacidad para ejercer la defensa de sus derechos; (ii) si la procedencia de la acción, luego de la inactividad injustificada, podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros o de bienes constitucionalmente protegidos y, (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de esos terceros de buena fe o de los bienes que la Constitución ordena proteger.2
En el caso concreto de los procesos ejecutivos hipotecarios, existe un término razonable dentro del cual la persona afectada debe defender sus derechos para evitar una lesión posterior de los derechos fundamentales de terceros o de intereses constitucionalmente protegidos. En este sentido, la Corte encuentra que la tutela sólo puede proceder si se interpone en cualquier momento desde la decisión judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se perfecciona la tradición del dominio del bien en cabeza de un tercero cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional. En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer. En estos casos no sobra mencionar que la Constitución ordena proteger, con la misma fuerza, el derecho a la vivienda digna de quien ha perdido su casa por violación del debido proceso y aquel derecho que adquiere el tercero de buena fe que compra un inmueble para tales efectos. Por eso se exige, para que la acción pueda proceder, que se interponga antes de que se consolide el derecho de terceros a una vivienda digna, a través del registro público del auto que aprueba el remate del bien. (Subraya para resaltar) (Sentencia SU 813 de 2007)
4. En este asunto, la Sala estima que la parte accionante satisfizo el requisito que viene de comentarse, en la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garantía hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de una persona ajena al juicio ejecutivo.
En efecto, de la reseña procesal realizada en acápite que antecede, se extrae que en este asunto quien remató y obtuvo la propiedad del bien adquirido por el extremo accionante, como mejor postor en la subasta, fue la propia entidad financiera que les otorgó el crédito para la compra e inició el proceso ejecutivo por mora en los pagos, esto es, el Banco Colpatria S.A.
De manera que, si bien ya se produjo el registro de la adjudicación a su favor, esta Corte estima necesario, en este puntual escenario, dar prevalencia a los derechos fundamentales de los deudores sobre los de la Compañía de financiamiento, dado que no se trata de un tercero adquirente de buena fe cuyas garantías deban protegerse por encima de las de sus clientes, máxime cuando, en su condición de acreedora, la entidad bancaria incurrió en la vulneración de derechos fundamentales de sus deudores, como más adelante se expondrá.
En este orden, en el caso que se analiza, queda claro que no se presenta la circunstancia en virtud de la cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que es posible dar cabida a la protección constitucional hasta antes “…del registro del remate o de la adjudicación…”, pues tal acto beneficia propiamente al extremo ejecutante que, obviamente, se insiste, no cumple con la condición de un tercero.
Así las cosas, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez y se abre paso el estudio de los demás factores de procedencia de la acción tutelar.
5. Ahora bien, en lo que hace referencia al requisito de la subsidiaridad, considera la Sala que también fue atendido, porque pese a que no se expuso el reclamo mediante las herramientas jurídicas legalmente establecidas para ello, lo cierto es que los ejecutados solicitaron directamente a la entidad financiera – y así lo hicieron saber al juez de la causa – la posibilidad de obtener «un acuerdo de pago…», con miras a evitar la pérdida de su inmueble, sin que sus súplicas tuvieran eco en el Banco ni en la sede judicial cuestionada, que debió acometer el análisis acerca de la reestructuración del crédito, de manera oficiosa, como lo ha decantado la jurisprudencia en esta materia.
Así, ha de tenerse en cuenta que durante los meses de marzo a mayo del año 2014, por iniciativa del extremo tutelante, tuvo lugar una serie de conversaciones con la entidad crediticia para que les fuera otorgada la posibilidad de recuperar el predio a través del pago de módicas cuotas que se ajustaran a su presupuesto y situación económica actual, negociación que no tuvo éxito en razón de la negativa del banco a aceptar la propuesta de sus clientes, porque «…no cumpl[ió] las expectativas económicas esperadas…».
Además, el actor y la coejecutada fueron persistentes en el hecho de poner en conocimiento del juez de la causa que estaban buscando la forma de llegar a un nuevo acuerdo con Colpatria para no perder su único patrimonio, al punto que de múltiples maneras vienen solicitando la suspensión del proceso, concretamente, de la diligencia de entrega.
Y si bien, no solicitaron como tal la terminación de la ejecución por falta del requisito de la reestructuración, es lo cierto que el Juez estaba en la obligación de pronunciarse al respecto de oficio e incluso, de entender las súplicas de los memorialistas en tal dirección.
Lo anterior, demuestra que, tal como lo requiere la tutela, los deudores actuaron con un mínimo de diligencia, en especial cuando la controversia no ha trascendido a terceros, como ya se explicó.
De tal suerte, que el extremo ejecutado no ha sido negligente ni descuidado, a efectos de alegar la falta de reestructuración del crédito, sino que ha actuado de manera diligente en busca de la protección de sus derechos dentro del proceso ejecutivo.
En tal sentido, ha expresado la Sala que:
“En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados (…). Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito. (CJS STC 31 oct. 2013, Rad. 02499-00)
Este mismo criterio se expresó en sentencias de 20 de Mayo de 2013, Rad. 00914-00, 22 de junio de 2012, Rad. 00884-01, 19 de septiembre de 2012, Rad. 00294-01 y 13 de febrero de 2014, Rad. 2013-0645-01.
De ahí, que la falta de la realización del procedimiento mencionado, se convierte en una limitación insuperable para que se presente una demanda y se continúe con la ejecución del juicio hipotecario en el que específicamente se cobran créditos de vivienda.
7. En estricta sujeción a los anteriores lineamientos, deviene evidente que la ejecución adelantada por el Banco Colpatria S.A., obtenido por el tutelante y la ciudadana Alba Patricia Arturo Victoria, no podía llevarse a cabo, porque no se atendió el presupuesto de la reestructuración, circunstancia que torna la obligación en inexigible por desconocer la expresa condición impuesta por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que previó que aplicada la reliquidación, la entidad financiera debía proceder en la forma explicada.
Destáquese que el ejecutante en momento alguno manifestó que hubiese agotado dicho procedimiento ineludible con posterioridad a la aplicación del alivio estatal y mucho menos allegó prueba que así lo demostrara.
Al respecto, debe recordar la Sala que la Corte Constitucional previó inclusive la posibilidad de que deudor y acreedor no llegaran a un acuerdo en cuanto a la modificación de las condiciones del crédito, y en atención a ello, indicó varias alternativas en la Sentencia SU-787 de 2012, dentro de las que se encuentran:
«…reconstituir las condiciones del crédito, asumiendo, para ese efecto, que no se hubiese presentado la mora. Ello implicaría que una vez reliquidado el crédito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese pagando el saldo de la obligación por lo que restase del tiempo inicialmente pactado. Así por ejemplo, en un crédito pactado, como en este caso, en 1996, a 15 años, a partir del 7 de julio de ese año, si el deudor entró en mora en marzo 7 de 1999 y se le inició un proceso ejecutivo en el mes de julio de ese año, que por virtud de la ley debía darse por terminado en el año 2000, para normalizar su situación, una vez reliquidada la obligación y realizados los abonos correspondientes, el deudor tendría que pagar la cuotas vencidas, que serían al menos 12, y luego seguir pagando las cuotas reliquidadas, por los restantes once años.
La anterior solución, sin embargo, resulta insuficiente para el propósito de restablecer al deudor en su capacidad de pago que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidación de los créditos.
Una segunda posibilidad, entonces, sería reestructurar la obligación, tomando como referencia la fecha en la que el deudor incurrió en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas. Aquí cabría, incluso, tomar el tiempo pendiente para el momento de la reestructuración, o el que estuviese pendiente en el momento en el que el deudor incurrió en mora.
Una tercera posibilidad sería aquella en la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la reestructuración se hiciese tomando para ello el plazo máximo previsto en la ley, que es de quince años, contados a partir del momento en el que se realice la reestructuración. Las demás condiciones serían las del crédito reliquidado, con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en cualquier caso, el que resulte más beneficioso para el deudor.
8. En ese orden, es claro que los juzgados accionados transgredieron el derecho al debido proceso del extremo pasivo del juicio ejecutivo, pues continuó con el trámite del cobro compulsivo, sin que se reunieran los requisitos indispensables para que la deuda fuera exigible, de conformidad con la Ley y la jurisprudencia, a pesar de que como lo ha referido esta Corte, el Juez tiene el deber de volver sobre los presupuestos procesales, al momento de dictar sentencia, para examinar si los requisitos exigidos para que se librara el respectivo mandamiento de pago se encontraban presentes -art. 497 del Código de procedimiento civil-, y así verificar si existen las condiciones que le dan eficacia al título base del recaudo, sin que en tal caso se encuentre el fallador restringido por la orden de apremio proferida al comienzo de la actuación procesal, para optar por no continuar con la misma, si fuera el caso. (CSJ STC 8 ago. 2012, Rad. 00134-01).
Al respecto esta Corporación, en un caso de similares características precisó que:
“Del contenido de la enunciación anterior se deduce la procedencia de la protección extraordinaria demandada en este caso, por cuanto del repaso de la sentencia aquí cuestionada se establece, que ciertamente la Corporación acusada incurrió en un proceder opuesto al ordenamiento jurídico, puesto que la interpretación del Tribunal se aparta de los pronunciamientos que la Corte ha emitido sobre la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio terminado en virtud del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar la nueva ejecución”(CSJ STC 13 feb. 2013, Rad. 02956-00).
9. Con fundamento en lo expuesto, se impone revocar el fallo que por vía de impugnación se ha revisado, y en su lugar, conceder la tutela incoada, cuestión que impone impartir las ordenes necesarias para que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, reestablezca de manera inmediata los derechos fundamentales vulnerados con la determinación de confirmar la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución en el caso objeto de análisis.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA, la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE el amparo constitucional invocado. En consecuencia, dispone:
PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, que dentro de las 48 horas siguientes al recibo del respectivo expediente, deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia que confirmó la orden de seguir adelante la ejecución de 18 de noviembre de 2011, así como las actuaciones que de ésta se desprendan, con el propósito de que examine la temática relacionada con la exigencia de reestructurar el crédito cobrado en un juicio como requisito para adelantar la ejecución, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.
SEGUNDO: REMITASE de manera inmediata el expediente contentivo del juicio ejecutivo, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior.
TERCERO: COMUNÍQUESE telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, envíese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Ausencia justificada
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
1 Sentencia T-684 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
2 Sentencia T-1086 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “El desconocimiento del concepto de plazo razonable por parte del actor en sede de tutela, en atención a los hechos relevantes de cada caso, implica a saber: i) que la inactividad del peticionario no se encuentre validamente justificada; ii) que se vulneren derechos de terceros o se desnaturalice el amparo solicitado; y iii) que se configure un nexo causal suficiente entre los dos requisitos anteriores.” (Sentencia T-108 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería).