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AC377-2021 (2021-00145-00)
AC377-2021
Radicación n.° 11001-02-03-000-2021-00145-00
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá (Cundinamarca), su homólogo Treinta de Bogotá y Promiscuo Municipal de Cogua (Cundinamarca), con ocasión del conocimiento de la demanda declarativa promovida por William Alberto García Palomares contra Inversiones y Construcciones Buitrago y Ortiz Ltda. –en liquidación-, Segundo Flaminio Buitrago Lancheros y Rogelio Ortiz Bello.
ANTECEDENTES
1. En su escrito inicial, dirigido a los jueces civiles del circuito de Zipaquirá, el actor pidió que se declarara disuelta a la persona jurídica demandada y que, en consecuencia, se procediera a su liquidación, en los términos del artículo 222 del Código de Comercio.
En el acápite sobre competencia, señaló que la misma venía dada por «el domicilio de las personas jurídicas (sic)».
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquirá, a quien correspondió la causa por reparto, rehusó la asignación, pretextando que el artículo 28-4 del Código General del Proceso «previó par los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades, que la competencia recaía en el juez del domicilio principal de la sociedad», y que «del certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, se verifica que el domicilio principal de la sociedad Inversiones y Construcciones Buitrago y Ortiz Limitada en Liquidación es la ciudad de Bogotá».
4. El estrado receptor, Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta ciudad, también se abstuvo de asumir competencia, arguyendo que «en el sub lite no se debate la liquidación de la empresa, pues ya se encuentra disuelta y en estado de liquidación y, por tal motivo, no hay lugar a proferir la sentencia prevista en el canon 529». Agregó que, «de acuerdo a la competencia territorial establecida en el artículo 26 del estatuto procesal civil y en razón del domicilio de quien promueve la presente acción, este Juzgado no es competente para tramitar la misma y, por consiguiente, además de declarar su falta de competencia, ordena su remisión al Juez Promiscuo Municipal de Cogua».
5. Finalmente, el último de los citados despachos se negó igualmente a tramitar el asunto, tras considerar que «el numeral 5º del artículo 28 del C.G.P. establece que en los procesos de nulidad, diolución y liquidación de sociedades, y en los que se suciten por controversias entre los socios en razón de la sociedad, civil o comercial, aún después de su liquidación, es competente el juez del domicilio principal de la sociedad» Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación, para dirimirlo.
CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
2. Anotaciones sobre la competencia.
Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia2.
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 153 y 254 del estatuto procesal civil.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que –por sí solas– son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Nación), 10 (domicilio de las personas jurídicas de derecho público) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no disponga una cosa distinta.
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), así:
(i) Los fueros concurrentes por elección operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podrá radicar su acción ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho dañoso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del artículo 28).
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer término, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podría recurrirse a la alternativa subsiguiente.
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a título de ejemplo, con los procesos de restitución de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicación del respectivo predio (numeral 7 del artículo 28, ya citado).
4. Caso concreto.
En su libelo introductor, el actor fue enfático en que sus pretensiones están orientadas a que se reconozca judicialmente la disolución del ente demandado, dada la falta de renovación de su matrícula mercantil, y que, en consecuencia, se proceda a su liquidación.
En ese escenario, no hay duda de que el trámite concuerda con lo previsto en el numeral 4 del artículo 28 del estatuto procesal vigente, según el cual «[e]n los procesos de nulidad, disolución y liquidación de sociedades, y en los que se susciten por controversias entre los socios en razón de la sociedad, civil o comercial, aun después de su liquidación, es competente el juez del domicilio principal de la sociedad».
En ese orden, y dado que según el certificado de existencia y representación legal anejo a la demanda el domicilio principal de la sociedad convocada es la ciudad de Bogotá, queda evidenciado que el segundo de los estrados involucrados en esta causa no estaba facultado para rehusar el conocimiento del proceso que le fue repartido, y menos aún con fundamento en el domicilio de la persona convocante, pues, dadas las particularidades de este litigio, esa locación resulta intrascendente.
5. Conclusión.
Es el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá quien debe seguir conociendo del proceso de la referencia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a las otras agencias judiciales involucradas en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
1 Artículo 20, numeral 5, Código General del Proceso.
2 Artículo 21, numeral 3, ídem.
3 «Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil».
4 «Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)».