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STC1964-2022
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
STC1964-2022
Radicación nº 76111-22-13-000-2021-00220-02
(Aprobado en Sala de veintitrés de febrero de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022).
Se dirime la impugnación del fallo proferido el 19 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la tutela que Andrés Varela Gómez le instauró al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira y a la Superintendencia de Notariado y Registro, extensiva a los demás intervinientes en el consecutivo cuestionado.
ANTECEDENTES
1.- El querellante, en nombre propio, reclamó la custodia de los derechos al «debido proceso y acceso a la administración de justicia» para que, en consecuencia, «i) Se protejan sus derechos como adulto mayor, pues, [su] proceso de pertenencia lleva más de siete años y todo el tiempo debe estar pendiente de las trampas, falsedades que hacen para dilatar o acabar con [su] demanda de pertenencia y para impedir su trámite normal; ii) Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos corregir sus actuaciones Resolución 09693 de 18 de noviembre de 2020, expidiendo las notas devolutivas de todos los documentos que ingresan ilegalmente y fueron anotados en las matrículas abiertas irregularmente 378 146312 y 378 146313, explicándoles que el Estatuto Registral ordena un protocolo o trámite de radicación de escritura con todos sus requisitos para su calificación y/o nota devolutiva y iii) Si la accionada o vinculados no han compulsado las copias a la Fiscalía, pido que se ordene hacer eso para que se investiguen tantas actuaciones irregulares y anotaciones ilegales».
Del confuso escrito se extrae que el accionante es «único poseedor y propietario inscrito del inmueble con folio de matrícula 378-78794, correspondiente a un lote de tres hectáreas y 8.400 m2» y, que por certificación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira tuvo conocimiento que sobre el mismo bien «había tres números prediales y tres matrículas inmobiliarias, la suya que es 378-78794, la 378-14632 y la 378-146313», por lo que solicitó la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación para que «se investigaran los hechos que originaron las aperturas de esas matrículas inmobiliarias irregulares y falsas».
Señaló el actor que, por lo anterior, se inició trámite administrativo en que la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro confirmó la «Resolución n° 03 de 19 de enero de 2017 que dispuso ordenar la unificación de los folios de matrículas inmobiliarias n° 378-146312 y 378-146313 con el folio de matrícula 378-78794 y como consecuencia de ello dejar sin valor ni efecto la apertura de los dos citados folios, previo traslado de las anotaciones 01 y 04 de ambos folios al que permanecerá activo el 378-78794 y confirmar la Resolución n° 33 del 30 de mayo de 2017 que corrigió los artículos Primero y Noveno de la Resolución n° 03 del 19 de enero de 2017» (Resolución 09693, 18 nov. 2020), determinación de la que no fue notificado y que «violó la guarda de la fe pública», porque «autoriza por segunda vez la inscripción irregular de una escritura pública, sin someterla al trámite de calificación y registro y con el agravante que la escritura 2262 del 14 de noviembre de 1962 de la Notaría Primera de Palmira, en su contenido es falsa, por lo que se deben corregir esas actuaciones, además que autoriza que las anotaciones irregulares que aparecían en esas matrículas ilegales, vengan a ser anotadas en el folio de matrícula 378-78794 que es el bien de su exclusiva posesión y tenencia, donde nunca hubo ninguna anotación de compraventa de lotes ni de derechos».
Sostuvo que de esas irregularidades, enteró al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, autoridad que adelanta la pertenencia que interpuso contra Luz Marina Varela Gómez y otros, respecto al «inmueble identificado con folio de matrícula 378-78794», litigio en el que la parte demandada se ha dedicado a proponer nulidades y recursos, siendo la última decisión la declaratoria de desistimiento tácito, «el cual no se ha definido aún, superando [su] proceso siete años, sin atender que es un adulto mayor con artrosis por lo que se debería atender su demanda con más consideración».
2.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira remitió el link del paginario objetado.
La Superintendencia de Notariado y Registro informó que «existió en esa dependencia, el expediente SAJ 018-2018 que involucró los folios de matrícula inmobiliaria 378-78794, 378-146312 y 378-146313; que con la resolución 09693 de 18 de noviembre de 2020, el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral resolvió la alzada, confirmando las Resoluciones 03 de 19 de enero de 2017 y 033 de 30 de mayo de 2017 en la que se realizó un estudio concienzudo tanto de los trazados traditicios (sic) como del contenido de los títulos inscritos en los mismos, evidenciándose que la apertura de las matrículas 378-146312 y 378-146313 se hizo de manera irregular y por tanto ordenó dejar sin efectos su apertura, previo el traslado de sus anotaciones a la matrícula matriz, sin que se evidencie irregularidad alguna».
La Procuradora Judicial II Ambiental y Agraria del Valle, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y la Procuraduría Provincial de Cali adujeron falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Fiscalía Seccional 143 del Grupo de Indagación de Palmira manifestó que «el 3 de junio de 2021 le fue asignada la indagación por el presunto delito de Falsedad en Documento Público, denunciante y víctima Andrés Varela Gómez y una vez se concrete el recaudo de los elementos materiales probatorios entrará a tomar la decisión que corresponda».
Luz Marina Varela Gómez indicó que «la relación de [su] familia con el accionante siempre fue excelente, siempre ha estado pendiente del cuidado de la finca y del cuidado de sus hermanos y le entregaron desde hace más de veinte años todos los derechos sobre la finca».
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN
El a quo negó el auxilio porque «no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, frente a las decisiones tomadas en el acto administrativo emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro, como es acudir a la jurisdicción de lo contenciosa administrativa ni se encontró dilación alguna injustificada en las actuaciones realizadas por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira dentro del proceso de pertenencia».
Replicó el precursor con los mismos planteamientos inaugurales, añadiendo que «se debe conceder el amparo de tutela como adulto mayor, ya que le ha tocado afrontar todas las situaciones que se han interpuesto para dilatar, anular el trámite de [su] demanda».
CONSIDERACIONES
1.- De entrada, la Sala avizora la no violación de la garantía invocada y, por ende, la ratificación del veredicto opugnado, por las razones que se exponen a continuación:
1.1. Andrés Varela Gómez reprocha la Resolución 09693 de 18 de noviembre de 2020, emitida por el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro que «confirmó la Resolución n° 03 de 19 de enero de 2017 que dispuso ordenar la unificación de los folios de matrículas inmobiliarias n° 378-146312 y 378-146313 en el folio de matrícula 378-78794», para «dejar sin valor la apertura de los dos citados folios, previo traslado de las anotaciones 01 y 04 de ambos folios al que permanecerá activo el 378-78794 y confirmar la Resolución n° 33 del 30 de mayo de 2017 que corrigieron los artículos Primero y Noveno de la Resolución n° 03 del 19 de enero de 2017».
No obstante, como de manera reiterada lo ha predicado esta Corporación (STC5112-2021, STL 4219-2021), dicho debate debe ser dilucidado previamente por el juez de lo contencioso administrativo, a través de la figura de la «nulidad y restablecimiento del derecho» consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que, además, de brindar la posibilidad de atacar la mencionada Resolución, faculta pedir medidas cautelares, conforme lo instituye el canon 230 ídem, sin que exista plena certeza si el sedicente hizo uso de tal instrumento que actualmente se encuentra a su alcance, ya que en el libelo no hace referencia a ese punto, incumpliéndose así, con el presupuesto de la subsidiariedad.
Sobre el particular esta Corte ha puntualizado que,
«Sin perjuicio de lo expuesto, ha de señalarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen vías o medios de control instituidos en el ordenamiento jurídico, los cuales también contemplan la adopción de medidas cautelares de suspensión de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde “es posible desvirtuar la presunción de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama» (STC, 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020 y STC11408-2021).
Así mismo, ha sostenido que,
«[L]as inconformidades contra actos administrativos (…), por regla general, no son susceptibles de debate a través de la acción de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicción competente y a través del procedimiento legalmente establecido para el efecto (…) habida cuenta que la jurisdicción contenciosa administrativa es el escenario natural de dicha controversia (…)”. el proceso contencioso administrativo» sí es idóneo y eficaz para hacer frente a ese escrutinio, ya que allí es viable instar el decreto de las medidas cautelares, entre ellas la «suspensión del acto administrativo» en cuestión acorde con lo estatuido en el precepto 231 de la Ley 1437 de 2011; ello a fin de neutralizar temporalmente sus efectos y así conjurar el «perjuicio irremediable» que de él pudiere derivar» (STC3327-2019, reiterada el 07 abr. 2021, STC3576-2021).
2.- De otra parte, frente a la aducida «mora judicial o dilación injustificada», en que ha incurrido el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, se vislumbra que éste no se encuentra en tal situación, por cuanto, de la revisión del expediente, se observa una complejidad de ambientes a los que se ha visto abocado, como es el hecho de esperar el resultado de la «actuación administrativa» surtida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa localidad, para determinar el área del fundo perseguido en la usucapión y que sólo fue solventada por la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro el 18 de noviembre de 2020; así mismo, la integración del litisconsorcio necesario por pasiva con los herederos Hermes, James, Guillermo, María Nieves y Arnulfo Varela Cobo y Enriqueta Varela de Vergara y los herederos del causante Sixto Varela Lenis que absorbieron buena cantidad de tiempo.
De igual modo, se contempla que en auto de fecha 14 de febrero de 2022, resolvió el recurso de reposición formulado contra el proveído de 20 de mayo de 2021, en el sentido de dejar sin valor ni efecto la terminación del dossier por desistimiento tácito y, «vez arrimada la información requerida en este interlocutorio, continúese el proceso con los sucesores procesales por pasiva del causante Arnulfo Varela Cobo» entre otras disposiciones, no hallándose pendiente de zanjar rogativa alguna.
3.- Finalmente, frente a lo apuntado por el tutelante sobre el perjuicio irremediable y su condición de «sujeto de especial protección», debe precisarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar el amparo en la forma anhelada, toda vez que como lo ha dicho esta Corporación, «esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protección especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad» (STC6290-2020, reiterada, entre otras, en STC9072-2021), suceso que no se ve configurado en este episodio, porque el asunto se encuentra en curso y el impulsor actúa representado por su apoderada judicial.
4.- Ergo, se avalará el fallo confutado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida.
Notifíquese lo resuelto por el medio más expedito a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
AUSENCIA JUSTIFICADA
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS