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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
Magistrada Ponente
MARGARITA CABELLO BLANCO
Bogotá, catorce (14) de enero de dos mil cator ce (2014).
Ref. Exp. 11001 02 03 000 2013 02264 00
La Corte resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Doce Civil Municipal de Barranquilla (Atlántico), y Promiscuo Municipal de La Paz (Cesar), respecto del conocimiento del proceso de pago por consignación de la sociedad BECERRA VILLEGAS S.C.S. contra el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL SAMUEL LTDA.
ANTECEDENTES
1. Entre las dos sociedades referidas en precedencia, se gestó un contrato de arrendamiento y, por diferentes circunstancias, tal negociación no llegó a feliz término. Según se narró en el libelo, hubo incumplimiento de algunas obligaciones por parte de la sociedad demandada y de ahí la acción incoada.
2. El accionante, en el escrito pertinente, manifestó que el domicilio del Instituto accionado era el Municipio de la Paz –Cesar- y, en el acápite de “competencia y cuantía”, expresamente dijo: “Es usted competente, Señor Juez, por ser el Juez del domicilio del demandante y el lugar donde se desarrollaron los hechos objetos (sic) de la demanda, que determinan el lugar de cumplimiento de la obligación y por la cuantía (…)”.
3. El asunto fue asignado, previo reparto cumplido para el efecto, al Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla y, en providencia de veintisiete (27) de junio del cursante año, decidió rechazar la demanda bajo el argumento que no tenía competencia para asumir su conocimiento, en su lugar, dispuso remitir las diligencias a los jueces civiles municipales de La Paz -Cesar-.
4. En esta localidad, el proceso le correspondió al Juez Promiscuo Municipal, quien, a través del proveído de trece (13) de agosto del presente año, asumió comportamiento similar, es decir, rehusó asumir la competencia atribuida y, contrariamente, generó el conflicto que ocupa a la Corte.
5. El primero de los funcionarios, para desprenderse del pleito, argumentó que el domicilio de la sociedad demandada era el Municipio de la Paz -Cesar- y, en conformidad con el numeral 1º del artículo 23 del C. de P.C., en este sitio debía adelantarse la controversia respectiva.
6. Los trámites que corresponden a esta clase de actuaciones fueron cumplidos cabalmente y, por ello, la Corte entra a decidir lo pertinente.
CONSIDERACIONES
1. Cumple dejar plasmado que en el presente conflicto de competencia, dos funcionarios judiciales, de diferente distrito judicial (Barranquilla y Cesar), han confrontado en cuanto que uno y otro consideró que no podían asumir el conocimiento del pelito traído a la jurisdicción, habida cuenta que carecían de competencia. Esa circunstancia, con miras a resolver dicha disputa, atribuye a la Corte Suprema de Justicia la potestad para decidirla, tal cual lo regulan los artículos 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y, el 28 del Código de Procedimiento Civil.
2. No existe duda alguna, pues es un asunto superado de tiempo atrás, que la selección de un funcionario judicial para que asuma el conocimiento de un determinado asunto litigioso, impone acudir a las reglas fijadas ya en normas especiales vr. gr., Ley 472 de 1998, ora al Código de Procedimiento Civil (art. 23), disposiciones que han adoptado variedad de directrices que la doctrina llama factores, los que, de manera conjunta o individual, clarifican los aspectos anejos a la competencia.
3. Esas pautas pueden aludir a aspectos personales de quienes integran la confrontación (factor subjetivo); a la naturaleza del asunto debatido o a su cuantía (factor objetivo); a la categoría o naturaleza del juez llamado a asumir el conocimiento (factor funcional); a los aspectos territoriales (factor territorial) ya en relación con las partes, ya en lo que al sitio del objeto debatido refiere, etc., circunstancias algunas de ellas que, conforme lo previenen los artículos 22 y 24 del C. de P. C., al momento de tenérseles en cuenta en el propósito de definir el juez natural, deben ser tenidas en cuenta de manera preferente respecto de otras.
4. No empece, por regla general, como así lo ordena el numeral 1º del artículo 23 del C. de P. C., el domicilio del demandado es el referente a tener en cuenta, de manera principal. Y si el debate involucra aspectos vinculados a un negocio, esa posibilidad concurrirá con el lugar en donde dicho pacto debe cumplirse. Así lo contempla expresamente el numeral 5º de la disposición referida: “De los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento (…)”. En una y otra hipótesis, entonces, la ley brinda al actor la posibilidad de efectuar la selección pertinente y, una vez realizada, el funcionario judicial no puede sustraerse de acatar esa determinación.
Sobre el tema, entre otras decisiones, la Corporación ha expuesto: “la misma ley acude a los denominados fueros o foros: el personal, el real y el contractual. El primero atiende al lugar del domicilio o residencia de las partes, empezando por la regla general del domicilio del demandado (art. 23 numeral 1º. del C. de P. C.), el segundo consulta el lugar de ubicación de los bienes o del suceso de los hechos (art. 23, numerales 8, 9 y 10, ibídem), y el contractual tiene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato, conforme al numeral 5º del artículo citado, fueros estos que al no ser exclusivos o privativos, sino concurrentes, su elección corresponde privativamente a la parte demandante” (CCLXI, 48).
5. La situación ocurrida en el caso bajo estudio devela, precisamente, una de las circunstancias reseñadas, porque, además del domicilio de la parte demandada, el juzgador bien podía ser seleccionado teniendo en cuenta el lugar en donde, por razón del contrato (de arrendamiento), las obligaciones dimanantes del mismo debían cumplirse; en otros términos, en el sub-judice, la definición de la competencia resultaba viable determinarla por el domicilio de la parte demandada o el lugar de cumplimiento de la obligación asumidas por la misma.
6. En esa dirección, como puede apreciarse en el libelo, la información suministrada por el actor, permite concluir que tanto el Juez del Municipio de La Paz (Cesar), como el de Barranquilla (Atlántico), uno u otro, a elección del demandante, estaban llamados a asumir el conocimiento del pleito. El primero, porque allí está el domicilio de la parte demandada, tal cual se precisó en el libelo (folio 1); el segundo, porque algunas de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento que vinculó a los extremos, debían cumplirse en esta última ciudad como así quedó enunciado en el acápite de “competencia y cuantía”, inserto en el escrito introductorio (folio 3). Bajo esa perspectiva, el actor bien podía inclinarse por uno de los dos lugares y, esa decisión, una vez adoptada, debió ser respetada por el juez que inicialmente recibió el proceso.
En multitud de providencias la Corte ha valorado el punto y, de manera constante y coherente, en todas ellas, ha validado, en el sentido señalado, la inteligencia del precepto evocado. Entre otras determinaciones, huelga señalar las de fecha 10 de julio de 2008, Exp. 2008 00700 00; y, 10 de marzo de 2009, Exp. 2008 02008 00.
7. Así, atendiendo lo expuesto, no hay duda que el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla es el llamado a asumir el conocimiento de este proceso.
DECISION
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
1º. Declarar que la competencia para conocer del asunto litigioso de la referencia corresponde al Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla, autoridad a quien le será remitido el expediente.
2º. De lo aquí decidido, deberá darse información al Juzgado Promiscuo Municipal de La Paz –Cesar-. Se dejarán las constancias del caso.
Notifíquese,
Magistrada