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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
AC150-2015
Radicación n. º 11001-02-03-000-2014-02455-00
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, adscrito al Distrito Judicial de Atlántico, y el Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí, perteneciente al Distrito Judicial de Antioquia, para conocer el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual propuesto por Etanoles del Magdalena Ltda. -Etalmag Ltda., contra la Sociedad Rotoplas S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Ante los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla -reparto, Etanoles del Magdalena Ltda presentó demanda ordinaria en procura de obtener el pago de los perjuicios ocasionados por Rotoplast S.A., en virtud del «contrato de compraventa donde se pactó el suministro y garantía de varios tanques cilíndricos verticales (…) con capacidad de 10.000 litros, por motivo de la explosión ocurrida en sus instalaciones el 16 de octubre de 2010, y que se le condenara a ésta al pago de los daños materiales por daño emergente y lucro cesante, así como los intereses moratorios e indexación por las sumas reclamadas. (fls. 1 a 13, cdno. 1).
En la demanda se justificó la competencia de la mencionada autoridad judicial, «por la naturaleza del asunto, de conformidad con el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil por haber ocurrido los hechos en la ciudad de Barranquilla» (fl. 9, cdno. 1).
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, quien en pronunciamiento del 30 de mayo de 2014 rechazó la demanda y ordenó remitir las diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de Itagüí (Antioquia), tras destacar que «la regla fijada por el numeral 7 del artículo 23, consulta una especial cualificación en algunos de los demandados, es decir su condición de ser sociedades. En este entendido, esta regla es prevalente, en los términos del artículo 22, por sobre la señalada en el numeral 5 del artículo 23, razón por la cual, como ya se dijo, no hay conflicto normativo» (fl. 94, ibídem).
El apoderado Judicial de la sociedad demandante apeló la referida determinación, recurso que declaró inadmisible el Tribunal Superior de la misma localidad en providencia de 5 de agosto siguiente (fls. 4 a 6, cdno 2).
3. A su turno, el Juez de destino, Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí, en auto del 26 de septiembre pasado rehusó el conocimiento del asunto y provocó el conflicto objeto de este trámite, argumentando básicamente que «si la demandante escogió el lugar de cumplimiento del contrato como sitio para presentar la demanda, la competencia quedó establecida en barranquilla y más concretamente en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, que le correspondió conocer del libelo genitor, por reparto», a lo que agregó, «el fuero personal en este caso se tiene en cuenta, pero de manera concurrente con otros factores, como son los preceptuados en los numerales 5º y 8º del artículo 23 CPC, que sirven de fundamento para sostener que este Despacho no es el competente para conocer de la demanda presentada por ETANOLES DEL MAGDALENA LTDA., sino que lo es el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, donde inicialmente fue formulado el libelo genitor» (fls. 105 y 106, ib.).
4. En pronunciamiento del 7 de noviembre de 2014, esta Corporación admitió la colisión y dispuso el traslado para que las partes intervinieran, oportunidad que transcurrió en silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Dado que este es un conflicto de competencia que enfrenta a Juzgados de diferente Distrito Judicial, corresponde desatarlo a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, según la atribución conferida por los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil, 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009, y el 18 del Estatuto de la Administración de Justicia.
2. Se advierte, por otra parte, que los factores de competencia determinan el juez al que el ordenamiento jurídico le ha atribuido el conocimiento de un asunto en particular, y que a efectos de resolver el conflicto que motiva el presente pronunciamiento, las normas generales que regulan la materia son las encargadas de darle solución. Por ello debe recordarse que al momento de acometer el estudio preliminar sobre el conocimiento del asunto que se le ha encomendado, el administrador de justicia tiene la carga de valorar las reglas que consagra el Código de Procedimiento Civil, y en particular las contenidas en el Título II, Libro Primero, las cuales le han de orientar para que adopte la determinación de rigor en torno de su propia competencia.
3. Al indagar acerca de las disposiciones aplicables a la problemática que involucra el presente conflicto, ha de tenerse en cuenta que la regla general de competencia prevista en el numeral 1º del canon 23 del Código de Procedimiento Civil, señala que el conocimiento de los procesos contenciosos corresponde al Juez del domicilio del demandado (fuero personal), lo cual no excluye la aplicación de otros que también definen la competencia para un mismo litigio, como quiera que pueden ser concurrentes, así como acontece con el contemplado en el numeral 5º ibídem, que dispone «de los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección el demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado».
Al punto en múltiples pronunciamientos la Sala ha señalado, que «si bien debe admitirse que el legislador, con innegables criterios prácticos y de conveniencia, adoptó en el numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, ‘el forum domicilii rei’ como principio general en la materia, lo cierto es que con dicho fuero suelen concurrir otros, como, por ejemplo, el previsto en el numeral 5º del mismo precepto, según el cual “… de los procesos a que diere lugar un contrato son competentes, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado”» (Auto de 21 de junio de 2002, citado el 7 de junio de 2013, rad. 2002-00081-01 y 2013-01015-00, respectivamente).
Sin embargo, la regla séptima del citado artículo 23, establece que en el evento de dirigirse la demanda contra una sociedad, como aquí acaece, «es competente el juez de su domicilio principal; pero cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta»; y de otro lado, al tenor del artículo 46 del Decreto 2651 de 1991, también «es competente a prevención el juez del domicilio del representante legal de aquélla».
La doctrina jurisprudencial de esta Corporación, sobre el referido tema, ha explicado que
«el fuero o el foro del domicilio es concurrente a elección del demandante cuando se trata de un proceso contra una sociedad, pudiéndose demandar en uno cualquiera de los lugares que seguidamente se indican, pero por su iniciativa y no por imposición del juez, escogido uno de los cuales excluye a los demás: a) En el lugar del domicilio principal de la sociedad cuando ésta no ha establecido agencias ni sucursales; b) En el lugar del domicilio principal de la sociedad cuando dicha sociedad ha establecido agencias y sucursales así se trate de asuntos vinculados a una de sus agencias o sucursales; c) En el lugar del domicilio de la agencia o sucursal pero únicamente respecto de asuntos vinculados a la agencia o sucursal; y, d) En el lugar del domicilio del representante legal de la sociedad» (Auto de 15 de junio de 1995, exp. 5540, citado el 13 de agosto y 2 de diciembre de 2013, rads 01658-00 y 02548-00, respectivamente).
4. Con apoyo en la información reseñada, se estima que erró el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí, al declinar el estudio del proceso antes referido, por considerar que «si la demandante escogió el lugar de cumplimiento del contrato como sitio para presentar la demanda, la competencia quedó establecida en Barranquilla y más concretamente en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, que le correspondió conocer del libelo genitor, por reparto», máxime cuando en el expediente no hay prueba del lugar estipulado para el saneamiento del contrato o básicamente para hacer efectiva la garantía, que es de lo que se trata el presente asunto, sobre el que, por lo demás, la Corte ha explicado,
«en lo atañedero a la inaplicación del domicilio contractual para efectos de fijar la competencia territorial del juez en caso de controversia respecto del contrato, se hace necesario señalar que el Código de Procedimiento Civil dispone de forma enfática que se tienen por no escritas las estipulaciones contractuales sobre el domicilio, como quiera que ‘la determinación de la competencia no la deja el legislador al capricho del juez ni a la voluntad de las partes, sino que obedece a disposiciones de carácter público’ (auto de 19 de octubre de 2000, Exp. 2000-00171-00); aspecto bien distinto del lugar convenido para el cumplimiento del contrato y que como atrás quedó consignado constituye un factor de concurrencia territorial» (auto de 25 de enero de 2013, exp. 2012-02674-00).
Lo anterior conduce a que se debe acudir es a la regla especial señalada en el numeral 7º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, estipulación que se itera, enmarca la potestad tantas veces aludida.
5. En este orden de ideas, como quiera que el domicilio principal de Rotoplast S.A. es el municipio de Itagüí, tal y como obra en el certificado de existencia y representación de dicha sociedad adjunta a la demanda (fl. 89, cdno. 1), se ordenará remitir el expediente al Juez Segundo Civil del Circuito de Oralidad de dicha localidad, para que continúe el trámite que legalmente le corresponde.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Primero: Declarar que corresponde conocer del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual instaurado por Etanoles del Magdalena Ltda -Etalmag Ltda, contra la Sociedad Rotoplas S.A., al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí -Antioquia.
Segundo: Remitir el expediente al citado Despacho judicial para lo de su competencia, de lo cual se informará mediante oficio al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla -Atlántico.
Notifíquese.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado