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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC13595-2015
Radicación n.° 11001-02-03-000-2010-01284-00
(Aprobado en Sala de veintiocho de abril de dos mil quince)
Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil quince (2015).
Se decide el recurso de revisión de Gundisalvo Rodríguez Páez, fallecido, entonces representado por su curador legítimo Gundy Eduardo Rodríguez Corredor, y Rosa María Corredor Rodríguez, respecto de la sentencia de 25 de abril de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, en Descongestión, en el proceso ordinario promovido por Gundisalvo Rodríguez Jiménez contra el ahora causante.
1. ANTECEDENTES DEL LITIGIO
1.1. Según se observa en la actuación, Gundisalvo Rodríguez Jiménez demandó a Gundisalvo Rodríguez Páez, su padre, para que entre ellos se declarara la existencia de una sociedad comercial de hecho, y consecuentemente, se dispusiera su disolución y en estado de liquidación.
1.2. El Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2004, negó las pretensiones, porque la fotocopia del documento de 30 de junio de 1992, titulado “Sociedad Gundisalvos”, aducido para acreditar la empresa societaria, carecía de autenticidad, y por cuanto ningún otro medio la avizoraba.
Lo anterior, por cuanto en la prueba documental, entre ella la copia del documento privado “Sociedad Gundisalvos”, testimonial e indiciaria, se encontraban los elementos sustanciales para el efecto.
1.4. El recurso de casación formulado contra lo así decidido, se declaró infundado por esta Corporación y Sala en sentencia de 15 de julio de 2008.
2. EL RECURSO DE REVISIÓN
2.1. Se invoca como causales, las previstas en los numerales 1º y 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.
2.1.1. La primera, por “[h]aberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En concreto, la reproducción de una carta, donde el recurrente fallecido comenta a su compadre Antonio José Villamil Rodríguez que “(…) no tiene socios y que sus bienes son el fruto de su trabajo (…)”, escrito que, cual se afirma, el entonces demandante tenía escondido en una finca del causante y que sólo fue hallado en enero de 2010.
Si bien, al decir de los impugnantes, se trata de una fotocopia simple “(…) de todas maneras es una prueba irrefutable, ya que contiene la firma del Sr. Gundisalvo Rodríguez Páez (…)”, en tanto es decisiva, pues desvirtúa la existencia de la sociedad comercial de hecho declarada.
2.1.2. Y la sexta, al “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicio al recurrente”.
Según los censores, alrededor del documento “Sociedad Gundisalvos”, pues si al decir de Gundisalvo Rodríguez Jiménez, fue elaborado en un “computadorcito”, como lo indicó éste a la Fiscalía, el 25 de agosto de 2009, nada pudo ser cierto, porque padre e hijo carecían de los conocimientos en el manejo de esa tecnología, y además, ninguno de los dos, en 1992, era versado en temas jurídicos, como los allí explicitados. Además, al incluirse bienes que no pertenecían al demandado.
2.2. El convocado al trámite extraordinario, se opuso a su prosperidad.
2.2.1. Relativo a la causal primera, por cuanto la prueba del hecho versaba sobre una fotocopia simple de un pliego inexistente, amén de apócrifo, cuyo contenido y autenticación no es cierta; ésta, porque quien la suscribe como Notario Único de Tinjacá, Boyacá, no desempeñaba el cargo para el 26 de septiembre de 2002.
2.2.2. La causal sexta, al considerar que el documento “Sociedad Gundisalvos” fue ampliamente ventilado en las instancias del proceso, incluido el recurso de casación, y esta oportunidad repulsa volver sobre la materia.
2.3. Las etapas subsiguientes, probatoria y de alegaciones, esta última aprovechada únicamente por los recurrentes, para reiterar sus posiciones, fueron surtidas.
3. CONSIDERACIONES
3.1. El recurso de revisión, suficiente es conocido, se encuentra consagrado como una medida excepcional encaminada a sacrificar la inmutabilidad de la cosa juzgada, en los eventos en que una sentencia concluyente, en firme, no obstante estar amparada por la presunción de legalidad y acierto, es contraria a la justicia y al derecho.
Su objeto, por lo tanto, no es otro que hacer imperar la justicia, restablecer el derecho de defensa cuando ha sido conculcado y asegurar la certeza judicial, esto último, cerrando ataques ulteriores a la pretensión reconocida o impidiendo reclamarla de nuevo si ha sido negada.
Desde luego, no se trata de un medio idóneo para reeditar el discurso de las instancias u ocasionalmente el de la casación, sino que al ser extraordinario y exceptivo, sólo procede en los casos previstos por el legislador y en las precisas hipótesis normativas, las cuales, en general, atañen a cuestiones desconocidas en la actuación donde los fallos con el sello de cosa juzgada fueron proferidos.
En palabras de la Corte, el recurso “(…) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi”1.
Por esto, cual en otra ocasión se señaló, el anotado trámite tiene “(…) venero en circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta”2.
De ahí, como son diferentes las instancias del proceso y el recurso de revisión, cuando la impugnación se fundamenta en cuestiones inmanentes o presentes al interior del juicio, no se puede hablar de algo desconocido tanto para la parte agraviada, como para los juzgadores cognoscentes, y esto denota, en principio, que todo fue objeto de consideración, expresa o implícitamente.
3.2. En el caso, según quedó trasuntado, el iudicium rescindens se enarbola alrededor de las causales previstas en el artículo 380, numerales 1º y 6º del Código de Procedimiento Civil.
3.2.1. La primera, entroncada con el hallazgo de un documento “(…) después (…)” de proferida la sentencia, traduce en una prueba que pervivía al litigio, cuya existencia el interesado ignoraba, bien por obra de la parte contraria, ya por fuerza mayor o caso fortuito.
3.2.1.1. Por supuesto, antes de hablar de si el hecho que impidió aportar un documento prexistente al proceso, es inoponible a quien lo aduce en revisión, se necesita constatar, respecto del fallo atacado, la relación necesaria de causa a efecto, en cuanto si la prueba se hubiera aportado tempestivamente, la decisión habría sido distinta.
El “(…) documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida; lo cual significa que ha de ostentar tal eficacia legal que con vista en él hubiera sido bastante para fallar el litigio de una manera contraria o muy distinta a como fue resuelto (…)”3.
El estudio previo de la trascendencia estriba, conforme a la lógica de las cosas, en que si el encontrado medio de convicción en comento no es incidente ni concluyente en la decisión, cualquier análisis sobre la fuerza mayor o el caso fortuito, o la actuación de la parte contraria, se relevaría, dado que no existiría la base sobre la cual aplicarlo.
En otras palabras, es lo mismo, pero desde otra arista, establecido sin discusión alguna el hecho inoponible a la parte recurrente, ese estudio previo resultaría huero, en la hipótesis de un documento intrascendente. Por esto, en la economía de construir una decisión consecuente, se impone examinar la cuestión a la inversa.
3.2.1.2. La misma línea de pensamiento es dable predicar cuando el encontrado medio de convicción proviene de la misma parte que lo aduce, así sea en fotocopia simple, y no lo tacha de falso al aportarlo, porque en ese caso implica que su autor reconoce y acepta el contenido (artículo 276 del Código de Procedimiento Civil).
Lo anterior explica la razón por la cual, en el campo estricto de la falsedad material, el artículo 289, inciso final, del Estatuto Adjetivo, prohíbe la alegación de ese hecho cuando “(…) se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.
Si la prueba no emana del opositor del recurso de revisión, se comprende, cualquier ataque que éste le haga caería al vacío. En la mira de la trascendencia del medio de convicción, por lo tanto, se impone anteladamente examinar probatoria y sustancialmente el hecho esencial al cual se contrae el documento privado, antes de consideraciones sobre cuestiones accidentales.
3.2.2. La causal sexta de revisión se estructura en dos hipótesis distintas. La primera, en el evento de “(…) colusión (…)”, esto es, de un pacto o acuerdo de las partes con el propósito avieso de causar perjuicio a otra persona; y la segunda, en el caso de una “(…) maniobra fraudulenta (…)” de uno de los contendientes en detrimento del recurrente.
Se tipifica, en general, según lo ha sostenido la Corte, “cuando las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e ilícita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales (…)”4.
En todo caso, al margen de si la víctima de la conducta maquinada o deformada de la realidad, es un tercero o una de las partes, además del perjuicio, se requiere, igual a como se exige con el documento de la causal primera, que tales comportamientos hayan tenido entidad suficiente para engañar al juez y determinado la decisión.
3.3. Frente a las anteriores directrices, claramente se advierte, el recurso objeto de decisión, en su contexto, resulta totalmente infundado.
3.3.1. Con relación al primer motivo invocado, porque el documento preexistente al proceso, hallado luego de haberse pronunciado el fallo, de manera alguna lo horada. Por esto, el elemento de prueba, en sí mismo considerado, y lo edificado alrededor, resulta intrascendente.
En efecto, como se trata de un medio de convicción de contenido declarativo proveniente de quien para entonces fungió como interpelado, su conducencia o idoneidad probatoria se supeditaba, en los términos del artículo 195, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, a que produjera consecuencias adversas en su contra o que favoreciera al también otrora demandante.
En concreto, siempre y cuando confesara la existencia de la sociedad comercial de hecho o de alguna forma se refiriera a ella. Hipótesis por completo distinta al contenido del instrumento en cuestión, dado que en lugar de aceptar o indicar el mentado hecho, el demandado Gundisalvo Rodríguez Páez, simplemente sostiene que “(…) no tiene socios y que sus bienes son el fruto de su trabajo (…)”.
Cuando el documento es declarativo proveniente de una de las partes o de su causante, es prueba de primerísima importancia, llámese de primer grado; su contenido se asimila a la confesión extrajudicial en sus efectos, de la misma manera que el declarativo de tercero, se asemeja con el testimonio, sin que se confundan. Ello significa que el documento de parte aquí aducido, únicamente puede ser prueba de hechos relatados en lo desfavorable a esa parte y en lo favorable al contradictor7, cosa diferente se inferirá si es bilateral proveniente también del adversario. Empero, reitérase, cuando la propia parte allega un documento suyo, no suscrito o manuscrito por la contraparte, su trascendencia o eficacia probatoria se halla en el hecho de que produzca consecuencias adversas para quien lo aporta, y que favorezcan a la parte contraria.
Frente al documento de parte y su contenido, como el allegado en el presente caso, aducido como bastión en esta causal de revisión viene al punto lo dicho por la doctrina:
“Tal como ocurre con la confesión, el documento debe tener un significado probatorio para que tenga esa calidad desde un punto de vista rigurosamente jurídico; ni las declaraciones de las partes sobre cuestiones puramente jurídicas o literarias tienen verdadera naturaleza de confesión, ni las cuestiones de puro derecho o de simple literatura tienen la calidad probatoria de documentos, aún cuando lleven la firma de una de las partes o de todas”8.
Si el Tribunal, por lo tanto, declaró la existencia de la sociedad comercial de hecho, surge diáfano, así se hubiere apreciado en instancia el documento blandido en revisión, carece de virtualidad para decidir lo contrario. En primer lugar, por cuanto al margen de su literalidad, en derecho probatorio, nadie puede crearse su propia prueba; y en segundo término, porque de acuerdo con su contenido, ningún hecho acredita, pues cuando Gundisalvo Rodríguez Páez, el otrora demandado, expresa que “(…) no tiene socios y que sus bienes son el fruto de su trabajo (…)”, sólo declara o afirma algo, a manera de una posición de principio, en esencia, lo que constituye precisamente el objeto preciso y directo de la prueba.
3.3.2. La otra causal aducida, entroncada con el documento privado suscrito por las partes del proceso, denominado “Sociedad Gundisalvos”, al quedar proscrita, relativo a su contenido objetivo y de eficacia demostrativa, reeditar su valoración.
Por esto, como supra quedó explicado la colusión o el fraude, expande sus efectos desde el exterior y hacia el interior del proceso y no en sentido contrario, pues si lo fuera, nada sería desconocido del juez y de las partes.
3.3.2.1. En el caso, el Tribunal no pasó de largo el citado escrito, precisamente, porque bien o mal, se detuvo en esa prueba, entre otras, como la testimonial, la indiciaria y el resto de la documental, para acceder a declarar la sociedad irregular, su disolución y liquidación.
Según el ad-quem, el “(…) desarrollo de la actividad social, llevada a cabo por los socios, se encuentra respaldado con el dicho de los testigos que la Sala acoge en su totalidad (…)”; y en la misma línea, “(…) el resto de los documentos allegados (…)” y el “(…) indicio grave (…)” derivado de la falta de contestación oportuna de la demanda.
Se memora lo anterior, porque con independencia de la mendacidad o simulación del escrito de fundación de la sociedad comercial de hecho, perspectiva esa sí propia del recurso de revisión, en la hipótesis de ilicitud en la consecución de tal medio, la sentencia recurrida mantendría eficacia en las conclusiones autónomas sentadas por el juzgador de segunda instancia al valorar esos otros elementos de juicio señalados.
3.3.2.2. La intrascendencia se predica también de la afirmada “(…) realidad procesal contraria a la verdad real (…)”, en concreto, sobre la inclusión de bienes que no pertenecen a la sociedad comercial irregular, por cuanto al margen de cualquier conducta ilícita en esa precisa materia, el hecho, que supone la existencia de aquella, es propio de un trámite ordinario subsiguiente, como es la liquidación, y no de un recurso netamente exceptivo y extraordinario.
3.3.3. Con todo, los hechos de la mendacidad o simulación dichas, y de la sostenida verdad real contraria a la procesal, tampoco estructuran la causal de revisión.
3.3.3.1. La colusión, porque la problemática se reduce a una controversia entre las mismas partes del proceso donde fue proferida la sentencia recurrida, acerca de la existencia o no de la sociedad comercial de hecho.
Lo anterior, por sí, descarta un pacto o acuerdo avieso entre los contendientes para obtener una decisión injusta, a espaldas de los juzgadores de grado, en perjuicio de otra persona, inclusive de la disuelta y liquidada sociedad conyugal originada en el matrimonio de Gundisalvo Rodríguez Páez con Rosa María Corredor Rodríguez.
3.3.3.2. El fraude en la elaboración del documento “Sociedad Gundisalvos” y lo enarbolado alrededor, por cuanto aceptando como cierto, en gracia de discusión, que para la época de suscripción, el 30 de junio de 1992, demandante e interpelado, en su orden, hijo y padre, carecían de conocimientos en el manejo de computadores y eran legos en temas jurídicos, de ahí no puede seguirse, fatalmente, que sea mendaz o simulado. En la cuestión, importa saber por orden o para quien fue hecho y no por quien fue hecho9, ni en cual medio se elaboró porque no es lo mismo hablar de elaborador que de autor.
Los hechos, por lo tanto, se tornan contingentes, pues la autonomía de la voluntad no se reserva exclusivamente a quienes tienen formación académica en ciertas materias. De hecho, el caso es ejemplo palpable, porque como se afirma, ambas partes no tenían esa estructura, y sin embargo, bien o mal, vertieron declaraciones de asociarse.
Frente a ese estado de cosas, en coherencia con la jurisprudencia de esta Corporación, el “(…) proyecto de asechanza oculta, engañosa y falaz (…) dirigida ordinariamente a mal fin (…)”10, como constitutiva de maniobra fraudulenta de una de las partes, en el subjúdice, del entonces demandante, se desvanece por completo.
3.3.4. Por último, si bien la Sala se ha referido a la sentencia del Tribunal, no obstante dirigirse la impugnación contra el fallo de casación, esto se explica en el hecho de que aquella se involucra en el recurso y en que la decisión de esta Corporación, stricto sensu, no es de instancia.
En consonancia con doctrina de esta Corporación11, se debe convenir que “(…) cuando el ataque se dirige contra el proveído en que fracasaron las censuras de la impugnación extraordinaria antes indicada [la de casación], el nuevo planteamiento lleva implícita la disconformidad contra la resolución del Tribunal que permaneció incólume y cobró firmeza, que es en últimas contra la que se dirigen los motivos [en revisión] propuestos”.
La razón de ser de lo anterior estriba en que la decisión desestimatoria de los cargos en casación, como en el caso, es netamente formal, en cuanto sólo tiene el alcance de dejar en firme la cosa juzgada definida en las instancias. Entre otras cosas, porque ese medio de impugnación extraordinario, tiene como mira la sentencia, frente a errores jurídicos, probatorios o de actividad cometidos al emitirse, y no el proceso en el cual fue proferida, como si el recurso de revisión, aunque, en línea de principio, por hechos externos.
3.4. En consecuencia, al no prosperar el recurso de que se trata, se condenará en costas al impugnante y para la fijación en las agencias en derecho se tendrá en cuenta la oposición formulada.
4. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisión formulado por Gundisalvo Rodríguez Páez, fallecido, entonces representado por su curador legítimo Gundy Eduardo Rodríguez Corredor, y Rosa María Corredor Rodríguez, respecto de la sentencia de 25 de abril de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, en Descongestión, en el proceso ordinario promovido por Gundisalvo Rodríguez Jiménez contra el ahora causante.
Consecuentemente, condena a los recurrentes a pagar las costas y los perjuicios que en su momento resulten probados, para cuyo pago se ordena hacer efectiva la caución otorgada. Las primeras, liquídense por la secretaría de la Sala la suma de tres millones de pesos de ($3’000.000.oo), por concepto de agencias en derecho.
En su momento, devuélvase el proceso involucrado en el recurso a la oficina de origen y archívese la actuación de la Corte.
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ
1 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando doctrina anterior.
2 CSJ. Civil. Sentencia 234 de 1º de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en fallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de 2009, expediente 01294, entre otros.
3 CSJ. Civil. Sentencia de revisión 045 de 22 de septiembre de 1999 (CCLXI-327, Volumen I), citada luego en fallos de 1º de marzo de 2011 (expediente 00058) y de 31 de julio de julio de 2013 (expediente 01816), entre otros.
4 CSJ. Civil. Sentencia 031 de 28 de julio de 1997, expediente 5568 (CCXLIX-149, Segundo Semestre, Volumen I), reiterando jurisprudencia anterior.
5 CSJ. Civil. Sentencia 261 de 19 de octubre de 2005, expediente 00542.
6 CSJ. Civil. Sentencia de 151 de 30 de junio de 2005, expediente 6355, doctrina evocada en fallos de 21 de julio de 2014, expediente 00232 y de 27 de octubre de 2014, expediente 00436.
7 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II. Buenos aires: Victor P de Zabala. 1970. p. 522.
8 Ibídem, p. 522.
9 CARNELUTTI. Francesco. Studi Sulla sottos crizione, num. 1 en Studi di Diritto Processuale, ed. 1939.+III. Pp. 229-231.
10 CSJ. Civil. Sentencia de 10 de septiembre de 2013, expediente 00949, reiterando precedentes anteriores.
11 CSJ. Civil. Sentencia de 5 de diciembre de 2012, expediente 00164.