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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
SC6496-2015
Radicación: 11001-0203-000-2011-01550-00
Aprobado en Sala de veinticuatro de febrero de dos mil quince
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015).
Se decide el recurso de revisión que interpuso José Aldemar Uribe Orozco, cesionario de la sociedad Salud Familiar I.P.S. Limitada, respecto de la sentencia de 28 de febrero de 2011, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en el proceso ejecutivo incoado por la cedente contra Clínica Ibanasca S.A., antes Clínica Salud Familiar S.A., ahora Centro Integral Médico Quirúrgico del Tolima Sion S.A.
1. ANTECEDENTES
1.1. En el asunto mencionado, mediante auto de 14 de enero de 2008, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué, Tolima, con base en un título valor, pagaré, profirió mandamiento de pago en favor de Salud Familiar I.P.S. Limitada y en contra de la Clínica Ibanasca S.A., por la suma de $270’480.000, conjuntamente con los intereses moratorios comerciales a partir del 6 de noviembre de 2006.
1.2. Notificada la encartada, formuló las excepciones de falta de facultades del representante para obligarla por suma superior a 500 salarios mínimos legales mensuales, para la época, equivalentes a $204.000.000; la derivada del negocio subyacente, por cuanto la cantidad mutuada nunca ingresó a su patrimonio; y por las mismas razones, abuso del derecho y enriquecimiento sin causa.
1.3. La ejecutante se opuso a la prosperidad de los medios de defensa propuestos, aduciendo, en esencia, que el dinero en cuestión fue entregado para facilitar la adquisición de un activo para la sociedad convocada, en concreto, un inmueble ubicado en la ciudad de Ibagué, propiedad de Cajanal S.A. E.P.S. en Liquidación, según Escritura Pública 386 de 21 de marzo de 2007 de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, debidamente registrada.
Esto, dice, consta en los cheques 0001002679 y 0001002680, girados el 17 de octubre de 2006 contra el Banco Megabanco, hoy Banco de Bogotá, de la cuenta corriente 1301007506 perteneciente a Salud Familiar I.P.S. Limitada. El primero, por la suma de $235’200.000, a favor de Cajanal S.A. E.P.S. en Liquidación, consignado en la misma fecha en la cuenta de ahorros 18822643754 de Bancolombia; y el segundo, por la cantidad de $35’280.000, a nombre de William Orlando Melo Gómez, a la sazón, representante legal de la sociedad demandada.
1.4. En primera instancia, mediante sentencia de 17 de junio de 2009, se declararon no probadas las excepciones invocadas.
La extralimitación de poderes, por tratarse de un hecho oponible a la ejecutada, toda vez que de acuerdo con los testimonios de Gloria Cecilia Salazar Aguirre y Gabriel Andrés Caicedo, y los recibos de egreso, aquella derivó provecho de la operación. En efecto, “(…) recibió la suma de dinero y la empleó para comprar a Cajanal una clínica”.
La relacionada con el negocio causal, porque así los socios de los entes involucrados sean los mismos, en tanto cada uno es autónomo del otro, los comprobantes bancarios, la prueba pericial y la inspección judicial practicada sobre los libros de comercio y las declaraciones de renta, demostraban el desplazamiento del dinero prestado. Si hubo, por lo tanto, “(…) contrato de mutuo el cual se perfeccionó a partir del 17 de octubre de 2006 (…)”.
El enriquecimiento sin causa y demás, por cuanto el objeto jurídico del proceso compulsivo se fundamentó en una causa legal. De un lado, en el “(…) traslado patrimonial de la ejecutante a la ejecutada (…)”; y de otro, en “(…) el contrato de mutuo (…)”, concretado en la efectiva entrega de la suma mutuada.
1.5. El Tribunal, al resolver el recurso de apelación elevado por la interpelada, revocó la anterior decisión y declaró probadas las excepciones, la derivada del contrato fundamental y la de falta de poder bastante por quien suscribió el título valor a nombre de la ejecutada.
1.5.1. La primera, en lo pertinente, si los dineros desembolsados por Salud Familiar P.P.S. Limitada, aparecían registrados como “(…) cuentas por cobrar a socios (…)”, en concreto, a seis de ellos, según el dictamen técnico basado en sus mismos libros de contabilidad, “(…) imposible resulta[ba] afirmar que a la sociedad ejecutada se le entregó a título de mutuo la suma que se le cobra (…)”.
Agrega, las declaraciones de Gloria Elvira Salazar Aguirre, Gabriel Andrés Caicedo López, Germán Alfonso Vanegas Cabezas y William Orlando Melo Gómez, eran “(…) insuficientes para patentar la transacción consultada (…)”, dado que no demostraban “(…) que los dineros reclamados salieron de la demandante y entraron a la demandada (…)”.
Además, investigada, inclusive de oficio, la forma como canceló la ejecutada el precio del inmueble a Cajanal, el Ministerio de Protección Social, oficina de administración documental, el 9 de agosto de 2010, respondió que “(…) no encontró ningún antecedente de Salud Familiar IPS Ltda., ni de la Clínica Ibanasca S.A. (…)”.
En suma, “(…) no se advierte, con la certeza que se predica, que el valor reclamado por medio de esta ejecución hubiera salido con destino a la demandada y (…) entrado en las arcas de la sociedad ejecutada, tampoco que a su nombre fuera pagada por la sociedad Clínica Salud Familiar I.P.S. Limitada, valor alguno a Cajanal EPS en liquidación (…)”.
1.5.2. La segunda, porque al encontrarse acreditado que el representante de la convocada estaba facultado para obligar al ente social hasta 500 salarios mínimos legales mensuales ($204.000.000, para la época), el efecto ultra vires o beneficio reportado, previsto en el artículo 307 del Código de Comercio, aplicaba únicamente en la hipótesis de haberse “(…) patentado el contrato de mutuo comercial blandido (…)”, cosa que no sucedió, como antes se explicó.
2. EL RECURSO DE REVISIÓN
2.1. Dirigido a obtener la nulidad del anterior fallo, se invoca como causal “[h]aberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” (artículo 380-1 del C. de P. C.).
2.2. La petición se fundamentó en los hechos que en lo pertinente se compendian.
2.2.1. En el trámite compulsivo, al descorrerse el traslado de las excepciones propuestas, se solicitó a Cajanal S.A. E.P.S., en Liquidación, certificar los puntos relacionados con la compraventa del inmueble de marras.
2.2.2. Decretada la prueba, finalmente, el Ministerio de Protección Social, grupo de administración documental, en oficio de 4 de diciembre de 2008, comunicó que el contrato en comento se protocolizó a través de la Escritura Pública 386 de 21 de marzo de 2007 de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, por la cantidad de $950’000.933.
La información sobre los pagos efectuados como parte del precio, por las sumas de $35’280.000 y $235’200.000, controvertidas en la ejecución, no fue suministrada, al hacerse necesario aclarar las fechas de las consignaciones.
2.2.3. Proferida la sentencia de primer grado, sin conocerse lo anterior, el Tribunal insistió en la respuesta, y según oficio de 2 de julio de 2010, “(…) consultadas las bases de datos y documentos que reposan en el archivo de Cajanal EPS, no se encontró ningún antecedente de Salud Familiar IPS Ltda., ni de la Clínica Ibanasca S.A. (…)”.
2.2.4. El 4 de abril de 2011, luego de la providencia atacada, se allegó al expediente lo impetrado, con lo cual se demostraba, de una parte, el desplazamiento de los dineros de la ejecutante hacia la demandada, a título de “(…) préstamo (…)”, y en ningún momento para los socios; y de otra, el recibo efectivo por la vendedora de $35’280.000 como seriedad de la oferta y de $235’200.000 por concepto de anticipo del 20% del precio de la compraventa.
2.3. Esas nuevas pruebas “(…) aclaran, precisan y complementan (…)” las de la foliatura y al dar “(…) asidero al contrato de mutuo comercial (…)”, habrían llevado al ad quem a confirmar la decisión apelada.
En concreto, a superar aserciones como que “(…) no se demostró su titularidad por tanto no existe certeza (…)”; las “(…) declaraciones son insuficientes para patentar la transacción consultada (…)”; “(…) no se advierte con la certeza que se precisa (…)”; en fin, “(…) bastante confusas, imprecisas e insuficientes son las pruebas que obran en el expediente como para dar asidero al contrato de mutuo comercial que asegura la demandante hubo (…)”.
2.4. La sociedad convocada al recurso extraordinario, se opuso a su prosperidad.
2.4.1. Ante todo, en lo atinente a la consignación del cheque de $235’200.000, en la cuenta de la enajenante del inmueble, por ser un tema, como acepta la propia parte impugnante, “(…) auscultado y valorado por el Tribunal (…)”. Y el documento de ingreso a las arcas de la vendedora de $35’280.000, al no acreditar que esa suma efectivamente provenía de la sociedad ejecutante.
En todo caso, porque las tildadas nuevas pruebas, fuera de indicar quienes celebraron la compraventa, demostraban que los dineros fueron consignados a favor de Cajanal S.A. en Liquidación por Salud Familiar, con NIT No. 900106609, el cual corresponde a la entonces demandada, ahora contradictora, mas no por Salud Familiar I.P.S. Limitada, a la sazón demandante, recurrente en revisión.
2.4.2. De otra parte, porque se trataba de documentos de cuya existencia conocía la ejecutante, al punto de solicitarlos como prueba cuando descorrió el traslado de las excepciones, inclusive decretados como pruebas en las instancias y recabados oficiosamente. Distinto es que, sabiendo donde estaban para traerlos al proceso, haya sido incuriosa, negligente, en ayudar a recaudarlos.
2.5. Las etapas subsiguientes, probatoria y de alegaciones, esta última aprovechada por los contendientes para reiterar cada una sus posiciones, fueron surtidas.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Como quedó trasuntado el “iudicium rescindens” que se enarbola en esta sede extraordinaria se finca en la causal primera del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que erige como causal revisoría: “Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
3.3. Por esto, el recurso de revisión no es un medio idóneo para volver abiertamente sobre lo discurrido en las instancias del proceso, sino que al tener el carácter de extraordinario y exceptivo, únicamente procede, respecto de determinadas sentencias en firme, en los casos previsto por el legislador y en las precisas hipótesis normativas, las cuales, en línea general, atañen a cuestiones desconocidas en la actuación judicial donde fueron proferidas.
En palabras de la Corte, los hechos en revisión deben tener “(…) venero en circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta”1.
Como en ocasión reciente se señaló, el medio de defensa en cuestión “(…) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi”2.
De manera que si la impugnación se fundamenta en hechos y pruebas inmanentes o presentes al interior del juicio, es claro, no se trataría de cuestiones nuevas ignoradas por la parte agraviada y desconocidas del juzgador, encontradas luego, sino de una auténtica reedición del litigio, en cuanto no lo trasciende, ajena, por lo tanto, al objeto preciso y directo del recurso extraordinario.
3.4. La sentencia sobre excepciones de mérito en un proceso ejecutivo, no es refractaria, por regla de principio general, al instituto de la cosa juzgada material, en cuanto el artículo 512 del Estatuto Adjetivo, con la modificación introducida por el Decreto 2289 de 1989, le confiriere las anotadas consecuencias.
3.4.1. Sin embargo, frente a las directrices supra indicadas, la causal invocada en el caso en procura de derruir el fallo del Tribunal, no se estructura.
En efecto, según la recensión efectuada, el ad-quem negó seguir adelante la ejecución dirigida a obtener el pago de una suma líquida de dinero, al declarar fundadas las excepciones de mérito, la derivada del negocio causal y la de falta de poder bastante del representante de la demandada para suscribir el título valor por la cuantía reclamada.
Lo anterior, porque en lo relativo al desplazamiento de las cantidades controvertidas de la sociedad Salud Familiar I.P.S. Limitada, a la sazón ejecutante, hacia la entonces Clínica Salud Familiar S.A., demandada en el proceso compulsivo, no se arribó a la convicción del hecho, dado que los elementos acopiados eran endebles para dejar por sentado que efectivamente ocurrió el traslado patrimonial, con un fin específico, pagar el precio de una compraventa.
En palabras del juzgador de segunda instancia, del “(…) estudio global de las anteriores probanzas no se advierte, con la certeza que se precisa, que el valor reclamado por medio de esta ejecución hubiere salido con destino a la demandada y tampoco entrado a las arcas de la sociedad ejecutada, tampoco que a su nombre fuera pagado (…) valor alguno a Cajanal EPS en Liquidación (…)”.
3.4.2. Conforme a la demanda contentiva del recurso de revisión, para la recurrente, evocando apartes del fallo impugnado, acerca del traslado o entrega de la suma mutuada a la ejecutada, el Tribunal planteó la duda, al utilizarse expresiones como que ello había ocurrido “(…) al parecer (…)”, “(…) no se demostró su titularidad por tanto no existe certeza (…)”, “(…) las anteriores declaraciones son insuficientes para patentar la transacción consultada (…)”, “(…) tampoco aparece que efectivamente hubiera recibida por a quien iba dirigida (…)”, “(…) bastante confusas, imprecisas e insuficientes son las pruebas que obran en el expediente como para dar asidero al contrato de mutuo comercial (…)”, en fin, “(…) un negocio causal que no se advierte menos sin las pruebas claras y contundentes que lo enseñen (…)”.
El contraste, como se observa, pone de presente que la sociedad recurrente, en realidad, se vale del medio de impugnación extraordinario con el fin de cejar la incertidumbre, en concreto, para mostrar la entrega efectiva de ciertos dineros a la entonces ejecutada, a título de préstamo, cosa que no pudo hacer en el curso del proceso ejecutivo, puesto que las pruebas solicitadas con ese propósito, una vez decretadas, inclusive instadas oficiosamente, fueron incorporadas, cual lo afirma, sin su culpa, después de proferida la decisión atacada.
En su sentir, en efecto, los documentos adosados luego, “(…) por su contenido, claridad, especificidad, precisión, contundencia y por la calidad de las partes que intervinieron en su fabricación (…), aclaran precisan y complementan las pruebas que obran en el expediente para dar asidero al contrato de mutuo comercial (…)”.
3.4.3. Así las cosas, salta de bulto, el hallazgo de los documentos relacionados y que podrían dar certeza al derecho reclamado, tuvo su origen en el mismo proceso, como consecuencia de la actividad probatoria de la sociedad Salud Familiar I.P.S. Limitada, entonces ejecutante, y de la aplicación del principio inquisitivo en esa precisa materia.
3.5. Aunque lo considerado es suficiente para declarar infundado el recurso, no sobra señalar, en la posición de la impugnante, si la obligación de la entonces ejecutada, con las características de claridad, expresividad y exigibilidad se ha tornado, en virtud del fallo cuestionado, en incierta y discutida, se entiende, si se trata de superar una incertidumbre, como es el efectivo traslado de unos dineros de una sociedad a otra, la polémica es propia de las instancias y no de una sede extraordinaria.
3.6. El recurso, en consecuencia, está llamado al fracaso.
4. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisión formulado por José Aldemar Uribe Orozco, cesionario de la sociedad Salud Familiar I.P.S. Limitada, respecto de la sentencia de 28 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en el proceso ejecutivo incoado por la cedente contra Clínica Ibanasca S.A., antes Clínica Salud Familiar S.A., ahora Centro Integral Médico Quirúrgico del Tolima Sion S.A.
Consecuentemente, condena al recurrente a pagar costas y perjuicios, para cuyo pago se ordena hacer efectiva la caución otorgada. Las primeras, liquídense por la secretaría de la Sala, incluyendo en la misma, dada la oposición al recurso, la suma de tres millones de pesos de ($3’000.000.oo), por concepto de agencias en derecho.
En su momento, devuélvase el proceso ejecutivo a la oficina de origen y archívese la actuación de la Corte.
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUÍZ
1 CSJ. Civil. Sentencia 234 de 1º de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en fallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de 2009, expediente 01294, entre otros.
2 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando doctrina anterior.