STC16024-2018

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente

STC16024-2018
Radicación n.° 11001-22-03-000-2018-02585-01
(Aprobado en sesión de cinco de diciembre de dos mil dieciocho)

Bogotá, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Se desata la impugnación del fallo de 8 de noviembre de 2018 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la queja de Elsa, Luz Stella y Gonzalo Moreno Valero contra el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta capital, extensiva a los partícipes en la radicación No. 2015-00712.

ANTECEDENTES

1. Los gestores exigieron el respeto del «debido proceso» e «igualdad», presuntamente conculcados, y que se «invalide todo lo actuado a partir del 18 de noviembre de 2017 cuando el Juzgado perdió competencia para seguir conociendo del proceso» y, en su lugar, se disponga el reenvió del diligenciamiento al iudex que le siga en turno.

2. El soporte factual se compendia así:

Óscar José Moreno Valero promovió «proceso verbal» contra Gonzalo Moreno Valero, como heredero de Alicia Valero de Moreno, Moisés Moreno Guerrero, Carlos Ernesto Hernández Bueno, Alejandrina Cruz Leguizamón, Elsa y Luz Stella Moreno Valero ante el «Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá», para que se «declarara la simulación de los contratos de compraventa consignados en las escrituras públicas Nos. 3865 de 25 de noviembre de 2013, corrida en la Notaría 17 de Bogotá, y 2508 de 21 de agosto de 2010 suscrita en la Notaría 7ª» de esta urbe.

El libelo fue admitido el 15 de septiembre de 2015 y los convocados enterados el 19 de abril de 2016, por lo que el lapso para dirimir la lid se extendió hasta el 18 de abril de 2017. No obstante, en proveído de 24 de junio de 2016 se decretó su interrupción, a partir del 2 de junio de 2016, hasta el 1 de julio siguiente, con sustento en los quebrantos de salud padecidos por el apoderado de Moreno Valero; el 25 de agosto de 2017, cuando ya había expirado el «término» del precepto 121 ut supra, el encartado «prorrogó la competencia por seis (6) meses» más, y el 21 de noviembre de ese año realizó la «audiencia de instrucción y juzgamiento», que fue «suspendida» para dictar la «sentencia».

Ulteriormente, en marzo de 2018, se fijó fecha y hora para la culminación de la vista pública antes postergada, contra lo que se interpuso reposición y se alegó la «pérdida de competencia», sin haber obtenido provechó, pues el 13 de junio de 2018 se desatendió esa réplica y se denegó la alzada subsidiariamente impetrada.

Finalmente, en «audiencia» de 20 de junio de 2018, se «declaró probada la simulación» del negocio contenido en la «escritura pública No. 3865 de 25 de noviembre de 2013», al paso que los demás pedimentos fueron desestimados; empero, esa solución no pudo ser combatida porque su representante fue expulsado de la deliberación debido a que recibió una llamada y al tratar de apagar su móvil fue increpado por el funcionario que la presidía, quien lo hizo desalojar el recinto.

3. El «Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá» defendió la legalidad de lo obrado y adveró que hubo cambio de titular lo que postergó el «plazo» para ventilar la pendencia (folios 80 a 81, cuaderno 1).

Alejandrina Cruz Leguizamón, Carlos Ernesto Hernández Bueno y Óscar José Moreno Valero imploraron no acceder a lo suplicado por ser improcedente (folios 94 a 100 y 102 a 107, cuaderno 1).

Los demás implicados guardaron silencio.

4. El a quo negó el auxilio tras encontrar que la resolución criticada no amerita corrección en tanto que «el cambio de juez determinaba contabilizar nuevamente el término a partir de la posesión del nuevo funcionario» como, según dijo, así aconteció (folios 108 a 112, cuaderno 1).

5. Refutaron los precursores, quienes insistieron en sus alegaciones de apertura (folios 129 a 137, cuaderno 1).

CONSIDERACIONES

1. Los impugnantes están en desacuerdo con la postura que desoyó sus anhelos porque aducen que el estamento replicado definió la contención cuando ya no tenía «competencia para hacerlo», por haberla perdido en virtud del canon 121 de la Ley 1564 de 2012.

En concreto, su empeño es que se invalide lo transitado después de fenecido el término de que tratan las disposiciones recién aludidas y, en su lugar, se entregue el dossier al arbitrador que sigue en turno (Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito) para que culmine con el ritual faltante.

2. El Código General del Proceso, promulgado mediante la Ley 1564 de 2012, estableció, en su artículo 2, que «Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela judicial jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable», y que «los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado» (se hace notar).

En procura de efectivizar ese dictado se fijó en el «artículo 121» ibídem el «plazo perentorio» de un (1) año para resolver los pleitos en la primera instancia, el cual corre desde que se halle integrado el contradictorio; y en la segunda se previó uno de seis (6) meses contados desde el arribo del infolio a la secretaria del órgano destinatario.

Ergo, en todo caso el legislador consagró la posibilidad de extender ese límite hasta por «seis (6) meses» más, mediante una «prórroga» hecha antes de su vencimiento del respectivo término. Empero, también fue claro en decir que si no se hace uso de esa ampliación y se deja precluir el espacio «el juzgador perderá automáticamente competencia y deberá direccionar el negocio al despacho que le siga en turno» para que lo continúe sustanciando porque si no lo hace lo desplegado con posterioridad será «nulo de pleno derecho», sin perjuicio del deber de informar de esa situación al «Consejo Superior de la Judicatura».

Como se puede ver, ese mandato instituye, entre otras cosas, que:

Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia (negrillas ajenas al texto).

En armonía con esos postulados, esta Corte, entre otras en CSJ STC12644-2018, ha dilucidado que

De esas líneas fluye claro, entonces, que la primera instancia debe agotarse necesariamente a más tardar dentro del año siguiente a la integración del contradictorio, y la segunda en seis meses después de la recepción del paginario, salvo que antes del vencimiento de esas oportunidades se utilice la ampliación allí autorizada. El desacato de esa previsión impone, según el caso concreto, de un lado, la «pérdida automática de la competencia» y, de otro, la «nulidad de pleno derecho» de las actuaciones desplegadas con posterioridad a la expiración del referido «plazo».

Luego, puede ocurrir que solamente se provoque la «pérdida automática de competencia» si vencido el término legal el juez o magistrado, de oficio o a petición de parte, advierte tal circunstancia y remite el infolio a quien le sigue en turno; en cambio, si en lugar de obrar de esa manera continúa como director de la disputa, además de lo anterior deberá declarar (o reconocer) la invalidez de lo discurrido desde que el iudex debió desprenderse de la lid y no lo hizo. En esta hipótesis, debe resaltarse que la sanción contemplada es de carácter insalvable, es decir, no admite convalidación ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de «pleno derecho» que le endilgó el legislador y lo que ello significa en el tráfico «jurídico».

3. Lo expresado revela, sin duda, que el querellado cometió un desfase reprensible, toda vez que pasó por alto la regla de «duración razonable del proceso», así como la jurisprudencia que sobre ella ha edificado esta Corporación, debido a que avanzó en el estudio de la polémica sin tener en cuenta que desde el 19 de mayo de 2017 quedó impedida para proseguir con su desarrollo.

Son así las cosas, en rigor, porque aunque el caso permaneció interrumpido durante un mes, exactamente entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2016, lo cierto es que cuando se reanudó solamente estuvo al alcance de ese «juzgador» durante un «mes» más, esto es, hasta el 19 de mayo de 2017, porque después de esta última data dicha entidad quedó deshabilitada para conocerlo pues «perdió competencia», lo que indica que para el 25 de agosto de 2017, cuando dijo hacer uso de la dilatación consagrada en la codificación civil (art. 121), y extendió durante seis (6) meses la oportunidad para finiquitarlo, ese acto no produjo efectos, simplemente porque para ese instante esa célula ya no tenía atribución para impulsar la faena, comoquiera que desde el 19 de mayo de 2017 la había perdido de forma definitiva y concluyente.

4. Ahora bien, tampoco puede aceptarse, cual lo hizo el a quo, que el «plazo» contemplado en el precepto 121 ejusdem tiene un carácter subjetivo, y que por ello se «interrumpe» cada vez que se produzca cambio de «titular del despacho» cognoscente, pues esa dialéctica no concuerda con el fin que fijó el legislador en la norma en que cimentó el «principio de la duración razonable» a que están sometidos las «controversias judiciales» a la luz del actual sistema de «enjuiciamiento civil», que es predominantemente oral y por audiencias.

Como se exteriorizó en CSJ STC 12644-2018, recientemente citada, ese «entendimiento no armoniza con la filosofía y contenido del citado precepto, de donde brota la objetividad del término allí regulado; por ende, es palmaria la incursión en una «vía de hecho» de envergadura suficiente para captar la atención superlativa».

Con esa orientación, que es diamantina, debe entenderse que los «términos legales para decidir en primera, única o segunda instancia» ostentan un «carácter objetivo» y, por ello, su contabilización no puede ceder y detenerse ante el cambio del «Juez o Magistrado» encargado de disipar la disputa. Sostener cosa diversa equivaldría permitir que cada vez que varié el «titular del despacho» sea necesario reiniciar el conteo del «plazo razonable de duración del proceso», como si el «hito inicial» no estuviera nítidamente prestablecido en el «artículo 121» al disponer que los tiempos allí señalados se echan a rodar «a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo» tratándose de «primera o única instancia», y «a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal» en «segunda».

De ese modo, surge palmario que ninguna injerencia tienen sobre el particular las situaciones administrativas de los dignatarios que dirijan el estrado que lleve la contienda, fundamentalmente porque el «plazo de duración razonable» se impuso en beneficio innegable de las «partes» y de nadie más que de ellas, de allí que su disfrute e invocación no queda puesta a la merced de determinado servidor en el cargo, porque quien sea que lo asuma, en cualquier momento, debe ceñirse estrictamente a los «términos procesales», incluso aquellos que venían corriendo desde antes de su posesión debido a que éstos son de orden público y, por ende, de obligatorio cumplimiento.

Si así no fuera, se tornaría inimaginable la subsistencia de los conflictos debido a los continuos cambios de dirigentes en las «sedes judiciales» por múltiples razones que no es del caso detallar en esta ocasión, con lo cual se desvanecería por completo la teleología del citado articulado y se desdibujaría la naturaleza y el carácter «objetivo» de la mentada institución, sobre la cual se ha destacado que:

(…) el hito inicial para el cómputo del término de un año que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia, comienza a correr objetivamente desde la notificación del auto admisorio de la demanda al enjuiciado, sin que consagre salvedad alguna en caso de reforma o sustitución del libelo (…) Entonces, la hermenéutica que en esta oportunidad acoge la Corte, alude a que el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, salvo interrupción o suspensión del litigio, contrario a lo que sostuvo el juez ad quem criticado, que incluyó una modificación para el cómputo del referido lapso, no contemplado en la norma bajo análisis, conforme se extracta de su redacción, en armonía con las garantías de acceso a la administración de justicia, que traduce la necesidad de definición de la litis sin dilaciones indebidas (negrillas y resalto propias) (STC8849-2018).

5. Sobreviene, por fuerza de lo expresado, la revocatoria del veredicto fustigado para, en su lugar, dispensar el resguardo porque está visto que el enjuiciado incurrió en un desafuero que debe ser conjurado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley, REVOCA la providencia opugnada y, en su lugar, CONCEDE el amparo invocado por Elsa, Luz Stella y Gonzalo Moreno Valero dentro del plenario ya referido. En consecuencia, DISPONE:

PRIMERO: DEJAR sin efecto todo lo actuado por el «Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá» a partir del 19 de mayo de 2017 dentro del «juicio de simulación» que Óscar José Moreno Valero promovió contra Gonzalo Moreno Valero, Moisés Moreno Guerrero, Carlos Ernesto Hernández Bueno, Alejandrina Cruz Leguizamón, Elsa y Luz Stella Moreno Valero, seguido bajo el consecutivo 2015-00712.
SEGUNDO: ORDENAR al «Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá» que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente directriz, decrete la «pérdida automática de la competencia» respecto del pleito mencionado en ordinal anterior, y lo remita al homólogo que le sigue en turno; e informe de ello a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el «artículo 121» ibídem.

TERCERO: COMUNÍQUESE telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
STC 16024-2018
Radicación número 11001-22-03-000-2018-02585-01
ACLARACIÓN DE VOTO
Los señores ELSA, LUZ STELLA Y GONZALO MORENO VALERO promovieron Acción de tutela frente al Juzgado Cuarenta y tres Civil del Circuito de Bogotá buscando que se deje sin efectos todo lo actuado a partir del 18 de noviembre de 2017 y se ordene enviar al juzgado que le siga en turno por haber perdido aquel competencia por vencimiento del término del artículo 121 del CGP.
Aduce que en proceso de simulación de una compraventa, el juzgado después de interrumpir y suspender el proceso, decretó la prórroga cuando ya los te'rm9inos estaban vencidos, frente a lo cual la parte interesada solicitó la perdida de competencia pero la petición fue resuelta negativamente.
El Juzgado defendió su posición aduciendo que hubo cambio de titular del despacho lo que postergó el plazo.
El a quo negó tras encontrar que la decisión no amerita corrección en tanto el cambio de juez determinaba contabilizar nuevamente el término a partir de la posesión del nuevo funcionario.

Debo advertir que comparto la decisión de la sala en cuanto afirma que la intención del Código General del Proceso es la celeridad y que la justicia sea pronta y cumplida, y en tal sentido es obligatorio el cumplimiento de los términos procesales, en particular los establecidos en el artículo 121 de dicha normatividad, así como también que si no se fallan los procesos en los mencionados términos lo procedente es que sea nula toda actuación posterior a los vencimientos, como clara y expresamente lo señala el canon, lo que no comparto es la motivación expuesta por los Magistrados que consideran dicho término como plenamente objetivo y la nulidad que se establece para las actuaciones posteriores al vencimiento de dicho plazo como totalmente insubsanable, cuando incluso no se ha hecho ver al a quo el vencimiento de dicho término y solamente se pide la nulidad cuando la decisión les es adversa. Además considero que muchas veces el término debe contarse de manera diferente o desde distinta época, como cuando se presenta la muerte del juez o cuando se traslada y al despacho llega un nuevo funcionario al cual no se le pueden contar los términos del anterior.
De la misma manera, el verdadero entendimiento de la terminología usada para calificar la nulidad que se aplica para las actuaciones posteriores es inadecuado en la providencia, pues considero que al usar la expresión "de pleno derecho" la ley de ninguna manera quiso hablar de insubsanabilidad sino de una nulidad diferente a las ya mencionadas en el código y de otra manera diferente de entender esa nulidad sin la posibilidad de anteponer excusas por parte del juez, salvo para efectos de oponerse a alguna posible sanción cuando la mora no sea por culpa de su parte.

Tampoco podrá considerarse que se refiere a que la nulidad no requiera declaración judicial como algunos lo propugnan porque resultaría un imposible lógico dentro del proceso que las nulidades aparecieran y se dieran sin que el director del proceso tuviera actuación concreta frente a ellas. Tampoco a que los términos sean objetivos puros, pues es claro que hay ocasiones en que deben suspenderse por orden de la ley o por imposibilidad absoluta de contarse, advirtiendo que a lo imposible nadie está obligado y que hay ocasiones en que la inactividad e incluso la inoportuna intervención de ellas en el proceso, es la culpable del vencimiento de los términos. Por eso como dicen los que conforman la mayoría de la sala diciendo que los términos son objetivos y que se cuentan para el proceso y no para el juez.
En tal sentido, dejando en claro que soy partidario de la eficacia y celeridad de los procesos y que de ninguna manera puede dejarse de cumplir los términos que ordena la ley, considero que debe adelantarse una mejor sustentación teórica para el caso, advirtiendo que tampoco comparto la otra posición que pregona la subsanación de los actos por el hecho de haber cumplido sus fines, pues ella es útil para un caso particular pero desestimula el cumplimiento en general. Por eso debe analizarse cada caso en concreto para dar la mejor interpretación posible.
Es cierto que nada se gana para el caso cuando se anula un acto para que vuelva a dictarse el mismo con posterioridad, pero si el juez es conciente de que una vez vencido el término ya no puede actuar, no puede animarse a proferir esos actos cuando ya no tiene competencia porque de todas formas su actuar a nada conduciría y solo causaría confusión y estorbo en el proceso, estando seguro que ningún juez querría eso.

Por tal motivo, aunque apoyo la decisión de la sala, considero que el cambio de funcionario si debe dar lugar a una nueva contabilización de los términos, sin que por ello se considere que en todos los casos exista subsanación.

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado

SALVAMENTO DE VOTO
STC16024-2018
Radicación n.° 11001-22-03-000-2018-02585-01
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayoría para la adopción de la sentencia preferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
En el presente caso, mayoritariamente se consideró coreo una vía de hecho la determinación del Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogotá que negó la pérdida de competencia por superarse el plazo previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso.
La Sala citó como fundamento de la decisión la sentencia STC 12644-2018 de la cual trascribió el siguiente
Aparte «debe resaltarse que la sanción contemplada es de carácter insoldable, es decir, no admite convalidación ni saneamiento por ninguna causa, dado el calificativo de "pleno derecho" que le endilgó el legislador», aspecto del cual me aparto, con base en la
siguiente argumentación.
Del carácter saneable de la nulidad invocada.
1. En reiteración y desarrollo de las consideraciones que con ponencia del suscrito, la Sala mayoritaria hizo suyas en la sentencia STC21350-2017, 14 dic, rad. 2017-02836-00, es preciso reconocer la contundencia del inciso 6° del artículo 121 del Código General del Proceso) en señalar: «Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.».
De esta forma, el legislador dio continuidad la
Política procesal inicialmente vertida en el canon 9° c'2 la Ley 1395 de 2010 -modificatorio del precepto 124 del Código de Procedimiento Civil-, reiterando el establecimiento de un referente preciso para la duración de las instancias ante cuya superación acaece la pérdida automática de la competencia.
Sumado a ello, la versión más reciente y actualmente vigente de la regla, fue reforzada en el Código Genera del Proceso con el establecimiento de un efecto invalidante que opera de pleno derecho respecto de la actuación posterior a la cesación de la aptitud legal.
Así las cosas, conviene recalcar que al margen del debate que podría suscitarse en punto de la completa configuración de un auténtico factor temporal de atribución de la función jurisdiccional, resulta indiscutible la vigencia de una preceptiva cuyo alcance prescribe la terminación de

la aptitud del funcionario cognoscente por la superación de los términos respectivos, que se insiste, en el panorama vigente encuentra como sanción una particular ineficacia que aunque desarticulada del régimen de nulidades de la codificación procesal, resulta expresa y aplicable.
2. No obstante, con prescindencia de lo anterior, lo del-Hz) es que dada la falta de norma en contrario, la naturaleza del vicio y la necesidad de vincular el evento
invalidante especial con los lineamientos generales del Capítulo de nulidades procesales, en todo caso la irregularidad derivada de la superación del término de duración de la instancia sería saneable, o cuando menos, no puede tildarse de arbitrario un criterio en tal sentido.
Sobre el particular corresponde precisar que aunque la disposición en cita refiere que la nulidad que afecta «la

Ciertamente, la expresión de pleno derecho, en este contexto y acorde con el significado jurídico de los vocablos, tan sólo supondría, en principio, que los efectos de la nulidad se producirían automáticamente, sin necesidad de reconocimiento o decreto judicial, esto es, por el simple ministerio de la Ley (ope legis), pero no necesariamente la calidad de insaneable del vicio procesal.

En este orden, la previsión daría cuenta, a lo sumo, de una discutible', diferenciada y excepcional regla en punto de la necesidad del decreto judicial de la nulidad procesal (principio de declaración judicial), la cual no constituye por sí sola incompatibilidad alguna con los demás principios que informan la materia en el ámbito procesal civil, a saber: taxatividad, trascendencia, protección, legitimación y convalidación.
Por lo anterior, nada obsta para que en la hipótesis de transgresión de los términos de duración de la instancia deban estudiarse los condicionamientos de alegación del vicio, y muy especialmente, los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem.
Al respecto, es determinante señalar que los únicos criterios de competencia que resultan improrrogables son el subjetivo y funcional2, los cuales no se corresponden con el supuesto de pérdida de la competencia por vencimiento de los términos de resolución de la instancia, pues tal hipótesis no supone reproche por ausencia de la aptitud legal que debe establecerse desde dichos factores privilegiados, sino al contrario, una secuela encamina la a finiquitar la atribución que venía regularmente dada, como mecanismo de coerción y sanción para que el funcionario dotado de la potestad, cumpla oportunamente con su del deber

1 En tanto que en los ámbitos sustantivo y procesal, la nulidad sólo se concibe mediante su reconocimiento por vía de pronunciamiento judicial, tal cual se .extrae de los artículos 1742, 1746 y 1748, entre otros, del Código Civil y las precepto\ as del capítulo de nulidades procesales del Código General del Proceso (cánones i32 a 138), en especial el inciso último del artículo 138 ibídem.
2 Artículo 16 del Código General del Proceso, acorde con el cual se han -y visto pautas diferenciadas para el caso de su desatención en el canon 138.

de decisión.
De igual manera, las únicas causales de anulabilidad insubsanables -sin desconocer el especial tratamiento de la falt1 de competencia funcional y subjetiva- son las detalladas en el parágrafo del artículo 136, es decir: «Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior,revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia», ninguna de las cuales se aviene al evento de la pérdida de competencia por vencimiento del término de curación de la instancia.
Por tal razón, se insiste, tienen plena aplicación los con-licionamientos de alegación del vicio (legitimación, no haber dado lugar al vicio, oportuna alegación y no convalidación expresa o tácita -art. 135), así como muy especialmente los eventos de saneamiento contemplados actualmente en el canon 136 ejusdem, acordes con los anteriores presupuestos.
De esta forma, la deficiencia podrá ser saneada y por lo mismo, conservada la validez de la actuación, dada la inoportuna alegación o convalidación, y muy puntualmente,
« Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa».
3. Conviene destacar que en esta clase de hipótesis, no puede pasarse por alto el criterio hermenéutico de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, replicado en el canon 11 del

Código General del Proceso, conforme al cual «el objeto c los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por z ley sustancial».
En relación con lo anterior esta Corporación ha ilustrado:
«(…) el derecho procesal es medio y no fin, [y] (…) la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales (…). Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto y el fin de los procedimientos es la efectividad c e los derechos reconocidos por la ley sustancial ( …)".
"(…) [L]a relación de medio a fin es ostensible, lo que hace ve r que la rigurosidad con la que actuaron los jueces de instancia, desconoció] principios generales del derecho procesal, los c, cales deben estar para cumplir la garantía constitucional del debido proceso, a cuyo respecto se ha referido esta Sala en pretéritas oportunidades como cuando dijo: 'No en vano el legislad, r ha previsto que 'las dudas que surjan de la interpretación d las normas del presente Código, deberán aclararse median e la aplicación de los principios generales del derecho procese 1, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes" (art. 4°, C. de P. C.)» (SC 27 abr. A06, 2006-00480-01; reiterada recientemente en STC8971-201 ", 22 jun. 2017, rad. 2017-01237-01).
En la misma línea, la Corte Constitucional ha condensado su precedente sobre la materia en los siguientes términos:
«38. Del anterior recuento la Corte concluye que el príncipo o de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere que (i) la norma adjetiva debe buscar la garantía del de 'echo sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barre a de efectividad de éste; (ii) la regulación procesal debe propende r por la realización de los derechos sustanciales al suministrar un x vía para la solución de controversias sobre los mismos; y, ( ii) el

derecho adjetivo al cumplir una función instrumental que no es un fin en sí mismo, debe ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garantías fundamentales.» (C-193/16).
4. Así las cosas, no pareciera viable calificar de arbitraria, caprichosa y desprovista de fundamento jurídico, una– postura que en supuestos como los relacionados con el desbordamiento del término establecido en el artículo 121 del código General del Proceso, reclame por la permanencia de los efectos de una actuación consumada, máxime cuando las causas de la extensión en los términos puedan obedecer a una tolerancia de las partes (tácita o explícita) o aún más, al cumplimiento de otro deber de similar o mayor valía cual es obtener la debida práctica de una prueba para la definición de la litis.

Se acota que en estos eventos, las actuaciones perfeccionadas con posterioridad al término de duración de la instancia, en especial la decisión definitiva, y sin que medie alegación oportuna del vicio saneable, no es en principio razonable retrotraerlas por la aplicación de una pauta que justamente busca la obtención de la decisión de mérito, pues los fines prácticos de la administración judicial ya estarían satisfechos.
Así, sin duda, cumplido un acto sin violación del derecho de defensa, es más grande el favor que se le presta a los derechos de los justiciables, avalando actuaciones que aunque retardadas, tiendan o definan la contienda, antes que superponer una invalidación que justamente busca la

obtención del fallo de fondo en el grado de conocimiento respectivo.
Por todo lo anterior, la hipótesis de invalidación no puede ser analizada al margen de la doctrina que aboga por la conservación de los actos procesales y reclama por la sanción cuando las partes la aleguen en su de pida oportunidad, o se advierta un supuesto de insalvable transgresión del derecho fundamental al debido proceso
Esta Corte ha tenido la oportunidad de recabar en la relevancia de los mentados axiomas al momento de decidir en materia de nulidades procesales y considerar su naturaleza restringida, residual y necesariamente fundada, para estructurar criterio orientador conforme al cuas «La regla, pues, es la eficacia y prevalencia del procedimiento; la excepción, en cambio, la posibilidad de su invalidación). En sustento de lo anterior se ilustró:
«Nada es más nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequívoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, in pide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como ésta, taladran el oficio judicial y comprometen la eticídad del director del proceso, a la par que oscurecen su laborío, en e1 que siempre debe imperar la búsqueda señera de la justicia i, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado 'formalismo', `literalismo `procesalismo, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el alquilado `debido proceso'. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y potísimo fundamento, es pues una deleznable práctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con

mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol,
por excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y
noble que ello implica, y no convertirse en una especie de
enterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento» (CSJ SC, 5 jul. 2007, rad 1989-091.34-01).

5. De otra parte, la invalidación enunciada, es precisamente la antítesis de la eficacia del proceso y la resolución de la litis, a la cual debe acudirse como último remedio para superar graves e insuperables trasgresiones al debido proceso y no para extender aún más en el tiempo la materialización del derecho de los asociados a una pronta y cumplida administración de justicia.
En este panorama, no pareciera procedente, so pretexto del derecho a obtener una decisión de fondo en un térr lino razonable, aniquilar la actuación que ya se verificó sin afrenta al debido proceso y con anuencia de la partes, en razón de su no alegación oportuna, quienes sin perjuicio del interés de toda la comunidad en el desenvolvimiento de la serie, son los directos afectados con la definición respectiva.
Por lo anterior y sin perjuicio del cumplimiento que indefectiblemente debe procurarse al término de duración de instancia, es claro que la justificada extensión del plazo, tolerada por los intervinientes, impide refutar la aptitud legal del juez que ha decidido dar continuidad al conocimiento del asunto en orden a la definición de la litis.

Un entendimiento contrario sitúa en vilo la garantía de acceso ante los jueces, en lo concerniente a la eficacia u e la tutela jurisdiccional, máxime cuando la cláusula legal pertinente no brinda seguridad alguna sobre la expedita y plenaria resolución de la controversia, en tanto no prevé sanción o remedio para el desbordamiento temporal en que puede incurrir «el juez o magistrado que le sigue en turno», supuesto para nada distante de la realidad y evidenciable con notas mayúsculas cuando la causa de la prolongación no es exclusiva de la gestión de un despacho en conjunto sino común a los demás de su misma categoría, especialidad y territorialidad.
6. El compromiso del Estado en materia de las garantías relacionadas no puede entenderse allanado exclusivamente con medidas como la condensada e1 el estudiado artículo 121 del Código General del Proceso, y menos con la interpretación que hoy defiende mayoritariamente la Sala, pues sumada a la absoluta y necesaria disposición en el desempeño de las labores que se espera de un funcionario investido de jurisdicción, conforme al precedente jurisprudencial, se exige la satisfacción de un mínimo conjunto de condiciones no son de su competencia directa, y en gran medida, recaen sobre los poderes legislativo, ejecutivo y en la administración judicial, a saber:
«El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder actuar en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia.

para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las ley es.136]
Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo.
En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia.
En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta.
En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho.
En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.
Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
En cumplimiento del deber de regular, la Ley 270 de 1996
establece que, dentro de los principios que informan la

administración de justicia, se encuentran el acceso a la justicia (artículo 2°), la celeridad (artículo 4°), la eficiencia (artículo 7' y el respeto de los derechos (artículo 9°), los cuales se constituye n en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
También se facilita la administración de justicia cuando se adoptan normas que garanticen (i) la existencia de procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propia: del debido proceso; y (iii) que las decisiones que se adopten pro tejan los derechos conforme a la Constitución y demás normativa vigente.
Asimismo, el deber de tomar medidas implica la obligación n de remover los obstáculos económicos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegura la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.
Por otra parte, hacer efectivo el derecho a la administra .1 de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (iii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados.» (CC. T-443/ 13).
Acorde con lo anterior, la consagración de una causal insaneable de nulidad por el vencimiento de los término de duración de la instancia que pudiera llegar a concebir el legislador en su amplio ámbito de configuración, exigiría que la normativa, además de congruente con la taxatividad de la causal y los fenómenos de prórroga y subsanación, brindara satisfacción a los condicionamientos constitucionales y estatutarios de estar aparejad o acompañada de mecanismos que garanticen el establecimiento -igualmente forzoso y dotado de

Consecuencias- de cargas razonables para cada despacho judicial3
De lo contrario, la aplicación de la figura con el entendimiento mayoritariamente adoptado, esto es, favorable a la existencia de una causal de anulación insaneable, supondría retrotraer la eficacia de la actuación consumada, cuando lo pretendido es justamente su realización; hermenéutica que así vista, deriva en irrazonable y desprovista de efecto positivo en las garantías de 1os justiciables.
En los anteriores términos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteración de mi irrestricto respeto por os demás integrantes de la Sala de Casación Civil.

LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado

3. Conviene reseñar que en el plano reglamentario se ha edificado el concepto de «CAP CIDAD MÁXIMA DE RESPUESTA•, el cual tiene incidencia exclusiva en los parámetros de la calificación de servicios, más no repercusión procesal directa y autor latica frente a la carga de un despacho judicial en particular (Acuerdos PSAA 16-10618 y PCSJA18-10883 del Consejo Superior de la Judicatura).

SALVAMENTO DE VOTO
STC 16024-2018
(Radicación n° 11001-22-03-000-2018-02585-01)
Con todo respeto, me permito expresar mi disenso frente a la decisión adoptada por esta Corte en la acción de tutela de la referencia, pues considero que no había lugar a conceder el amparo invocado, pues ningún derecho fundamental se le violó a la parte accionante; tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en el artículo 121 del Código General del Proceso.
Con el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, me permito hacer remisión al salvamento de voto que pronuncié frente al fallo STC8849-2018, proferido por esta sede el 11 de julio de 2018, cuyas razones reitero en esta oportunidad.
De los señores magistrados,

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado