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STC12149-2021
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
STC12149-2021
Radicación nº 11001-22-03-000-2021-01582-01
(Aprobado en sesión de quince de septiembre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 3 de agosto de 2021, dentro de la acción de tutela instaurada por Esther Villamizar García Herreros contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial; trámite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso disciplinario radicado nº 2021-01138.
ANTECEDENTES
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protección del derecho fundamental de defensa técnica, presuntamente vulnerado por la corporación judicial convocada.
2. Relató en síntesis que, fue notificada del inicio de una investigación disciplinaria en su contra; pero, cuestionó que recibió citación a audiencia para el 27 de julio de 2021 con apenas «24 horas» de antelación a la misma, tiempo insuficiente para contratar un profesional especialista en la materia que la asista.
Refirió que, de inmediato, solicitó aplazamiento de la diligencia, pero el despacho del magistrado instructor no se pronunció. Arguyó que, tiene «compromisos profesionales que no puedo dejar de cumplir y tampoco tengo abogados en esa especialidad a la mano, ni siquiera conozco, tengo que averiguar uno para consultarle […] tengo más de 40 años de ejercicio profesional y jamás había sido acusada […] desconozco el proceso y el avisarme con unas horas no me ha permitido ni siquiera preparar la audiencia […] siento que me están haciendo una encerrona y que es no es la forma correcta de proceder».
3. En consecuencia, pretende que, se ordene a la autoridad tutelada, resuelva la solicitud de aplazamiento de la audiencia programada para el 27 de julio de 2021, presentada el día anterior y señalar nueva fecha.
RESPUESTA DEL ACCIONADO
El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá explicó que, se dio apertura a la investigación disciplinaria en contra de la abogada Villamizar García-Herreros por queja formulada por la señora Martha Sofía Díaz y que citó a audiencia de pruebas y calificación provisional para el 27 de julio de 2021; sin embargo, con auto de ese mismo día «se reprogramo la audiencia para el 5 de octubre de 2021 a las 8:30 a.m., decisión que se notificó a la accionante el 29 de julio vía correo electrónico».
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Denegó la salvaguarda por carencia actual de objeto por hecho superado ya que, como la audiencia a la que fue convocada la actora, con poco tiempo de antelación, fue reprogramada, «(…) la supuesta vulneración cesó en el transcurso del trámite, con la expedición del auto que resolvió la petición de la accionante».
LA IMPUGNACIÓN
La presentó la querellante inconforme con el sentido de la decisión de primera instancia, pues considera que no puede negarse el amparo, ya que «la tutela surtió efectos»; agregó que, es necesario que exista pronunciamiento indicando que la tutela no fue desestimada, porque «(…) al paso que vamos me tocará más adelante acudir nuevamente a la protección de mis derechos y no quiero que se diga que se me negó la tutela porque no fue así. La tutela fue admitida y surtió efectos».
CONSIDERACIONES
1. Problema planteado.
Corresponde a la Corte establecer si la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, vulneró la prerrogativa invocada, al no pronunciarse oportunamente sobre la solicitud de aplazamiento de la audiencia programada para el 27 de julio de 2021 radicada por la accionante, diligencia a la que fue citada 24 horas antes de su realización, impidiéndole hacerse a los servicios de un abogado especializado en asuntos disciplinarios que la asista en la diligencia.
2. De la acción de tutela y su naturaleza jurídica.
El artículo 86 de la Constitución Política consagró este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.
Puede suceder que dentro del trámite constitucional cese la vulneración o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acción se instituyó para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protección actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisión de los hechos causantes de la perturbación o amenaza; o por vía de imponer la abstención de actos transgresores.
3. De la carencia actual de objeto.
Ahora bien, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque cesó la conducta violatoria, dejó de tener vigencia o aplicación el acto que vulneró el derecho, o se realizó la actividad cuya omisión constituía desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ahí que no tendría objeto impartir alguna orden, porque aquella caería en el vacío.
Ante ese panorama, el juez de tutela una vez constate la superación del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo.
Al respecto la Corte ha sostenido que:
«(…) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relación con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las características de origen, ya que (…) si la omisión por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (…) la tutela pierde su eficacia y razón de ser (…)» (CSJ. STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada en STC1836-2017, 15 feb. 2017, rad. 00388-01, entre otras).
4. Caso concreto.
4.1. En el sub examine la pretensión cardinal se contrajo a demandar del magistrado instructor de la investigación disciplinaria, que respondiera a la solicitud de aplazamiento de la audiencia de pruebas y calificación provisional programada para el 27 de julio de 2021 que presentó la allí investigada, al no contar con tiempo suficiente para contratar un abogado especialista y prepararse adecuadamente.
Ahora, según acreditó el magistrado tutelado ante el a quo constitucional, con auto del mismo 27 de julio, y atendiendo el requerimiento de la disciplinada, reprogramó la referida diligencia, fijando su realización para el 5 de octubre de 2021.
Lo anterior es suficiente para colegir válidamente, como lo hizo el tribunal a quo, que la circunstancia a la que se atribuyó la transgresión fue solucionada, ya que, al acceder al aplazamiento solicitado y agendar la realización de la audiencia en una fecha lo suficientemente distante para que la accionante pueda preparar de la mejor manera su defensa, pierde el auxilio su razón de ser por sustracción de materia, tornándose improcedente e inane cualquier pronunciamiento que pudiere hacerse al respecto, conforme lo previsto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.
De esta forma, por no existir una conculcación actual de los derechos fundamentales invocados, de acuerdo a lo decantado en esta actuación, y al evidenciarse que la presunta vulneración cesó durante el trámite del primer grado de esta acción, se confirmará la improcedencia del amparo.
4.2. Ahora bien, en la impugnación la quejosa pretende que el juez de amparo declare expresamente que la salvaguarda fue concedida «porque la tutela surtió efecto»; sin embargo, esa petición no es de recibo para la Sala pues luce claramente intrascendente desde lo constitucional, en el entendido que, se recalca, al desaparecer la situación presuntamente transgresora de las garantías denunciadas, no existe mérito para dirigir un mandato concreto de protección, por lo que resulta inconducente la comprensión que la tutelante le da al contexto que representa la carencia actual de objeto.
En todo caso, la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que, en los casos en que se supera el hecho vulnerador, «(…) el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, de suerte que, la Corte ha entendido que una decisión judicial bajo estas condiciones resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto para la acción de tutela» (CC T-358/14).
5. Conclusión.
El hecho que originó la petición de amparo y en el cual se sustentó la queja, se encuentra superado, pues, incluso antes de resolverse la tutela en primera instancia, la magistratura accionada se pronunció frente a la solicitud de aplazamiento de la audiencia del 27 de julio de 2021, lo que deviene en carencia actual de objeto.
DECISIÓN
Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA